Según un estudio elaborado para detectar las prácticas excluyentes en el sector, "el 86% de las peticiones discriminatorias de la propiedad obtienen el resultado esperado de excluir a la población inmigrante como inquilina del inmueble".
Esto significa que ocho de cada diez agentes inmobiliarios aceptan o facilitan apartar a personas del acceso a una vivienda en función de su origen, si así lo solicita el propietario.
La investigación se llevó a cabo mediante 350 llamadas telefónicas en nombre de una propiedad ficticia que buscaba alquilar su vivienda con la condición de excluir a inquilinos de origen inmigrante.
De las respuestas obtenidas se desprende que un 62% de los agentes aceptaron la demanda "dejando fuera del proceso de selección a la población inmigrante".
Otro 24% no accedió a discriminar de forma directa, pero se mostró abierto a facilitar candidatos de acuerdo con el criterio del propietario.
Solo un 10% de los agentes rechazaron llevar a cabo la práctica planteada, mientras que un 4% evitó responder a la petición.
En las respuestas recogidas en el estudio se observó una "banalización de la discriminación", equiparando la petición de apartar a personas por su origen a otras preferencias como alquilar solo a familias o evitar la presencia de animales.
Asimismo, el término inmigrante utilizado por el propietario ficticio fue asociado por los agentes "de manera casi inequívoca" a personas de determinados países, sin contemplar por ejemplo a extranjeros del resto de Europa.
El Ayuntamiento de Barcelona ya reveló en otro estudio, publicado en 2020, la discriminación que afrontan las personas con apellidos de origen árabe a la hora de acceder a un inmueble.
El pasado mes de agosto, el Gobierno municipal sancionó con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a la inmobiliaria con la que trabajaba por negar el alquiler a un ciudadano marroquí, y desde entonces impuso otra multa por motivos similares.