En una carta dirigida a la representante de la ONU y compartida con los medios de comunicación, puede leerse: "el Gobierno colombiano expresa su preocupación por su presencia en el evento mediático organizado para presentar el referido informe, dada la representación que usted ostenta".
Para la Cancillería, De Rivero pareció "refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía Nacional".
El informe, solicitado por la Alcaldía de Bogotá y apoyado por Naciones Unidas, revelaba que la policía había actuado de forma desproporcionada en la atención de las protestas que estallaron en la capital colombiana, luego de que un hombre muriera tras recibir descargas eléctricas y golpes por parte de agentes de esa institución.
"El Estado insta a la Oficina de la alta comisionada a privilegiar el diálogo constructivo y la comunicación (…) Lo contrario significaría un activismo ajeno a sus funciones", agregó el documento.
Otras conclusiones del reporte fueron la criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública, la falta de subordinación de la policía a las autoridades civiles capitalinas, así como la impunidad hacia la que avanzan las investigaciones.