"La cumbre nacional por la libertad y la justicia pide el cese de la represión política, la violencia judicial, el abuso de poder y la libertad inmediata de los presos políticos", dijo la dirigente cívica Roxana Graz al anunciar por redes sociales las conclusiones de un encuentro realizado en la ciudad de Potosí (sur).
La reunión, a la que no pudieron llegar el gobernador de Santa Cruz (este), Luis Camacho, y el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) -bloqueados en una carretera por grupos supuestamente oficialistas- se realizó en respuesta a la reciente detención del exlíder cívico potosino Marco Pumari, uno de los líderes del golpe de 2019.
Pumari, acusado de encabezar la toma e incendio del Tribunal Electoral de Potosí durante el cómputo de las elecciones de 2019, se sumó a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) y varios de sus colaboradores civiles y militares que enfrentan a la justicia por su participación en el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).
Graz dijo que el movimiento cívico, que respaldó la instalación de Áñez en el poder, considera que el actual Gobierno surgido de las elecciones de octubre de 2020 se ha convertido en una dictadura.
"El pueblo boliviano es el único depositario de la soberanía, no un Gobierno ni mucho menos un partido político, quienes ahora se creen dueños de Bolivia, pero ahora Bolivia, unida, no acepta sus imposturas ni a sus dictadores", dijo la dirigente del Comité Cívico Potosinista, organizador del encuentro al que asistieron cinco de los nueve líderes cívicos regionales.
Graz indicó que la reunión resolvió también exigir una inmediata reforma del sistema judicial y preparar una denuncia internacional de las violaciones de derechos humanos que atribuyó al Gobierno de Arce.
Añadió que los comités cívicos acordaron emprender una campaña para la "recuperación de la democracia", con medidas como la conformación de un nuevo padrón electoral y el cambio de todos los vocales de los tribunales electorales nacional y regionales.
Estos tribunales fueron renovados completamente en las primeras semanas del Gobierno de Áñez, mientras sus miembros anteriores enfrentaban procesos por un supuesto fraude en 2019, que concluyeron con sobreseimiento general por falta de pruebas.