"Gran presentación de 130.000 firmas en contra del aborto en la Asamblea Nacional durante el primer debate del proyecto de Ley sobre el aborto por violación que pretende consagrar el aborto como un derecho y la matanza de inocentes hasta el noveno mes", dijo la organización Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro – Cultura Occidental en su cuenta de la red social Twitter.
El 10 de diciembre la Asamblea debe iniciar el primer debate del informe elaborado por la Comisión Legislativa de Justicia sobre el proyecto de Ley que permite la interrupción del embarazo por violación, en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional (CC) que despenalizó el aborto por violación el pasado 28 de abril.
El plazo para aprobar la ley vence el próximo 28 de diciembre.
Grupos religiosos y provida se movilizaron hasta los exteriores de la Asamblea Nacional, en Quito (norte), mientras, en el interior, varios dirigentes de estas organizaciones participaron en una comisión general dispuesta por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para escuchar planteamientos de la sociedad civil.
El presidente del colectivo SOS Mamá, Pier Pigozzi, dijo que la sentencia de la CC si bien determinó que el aborto por violación no es punible, en ninguna de sus partes menciona que esa práctica sea un derecho constitucional ni un derecho humano internacional.
Según Pigozzi, el aborto no cambió de estatus, dado que en el ordenamiento jurídico ecuatoriano sigue siendo un delito.
Por ello, afirmó que es un error hablar del derecho al aborto, como sostienen los colectivos que apoyan la Ley.
Pigozzi pidió que el pleno devuelva el proyecto a la Comisión de Justicia para que se consideren todas las posturas médicas, jurídicas, científicas y sociales sobre el tema para que se incluyan en el debate.
La ciudadana María de Lourdes Maldonado señaló que una ley puede regular los derechos y garantías constitucionales, pero no puede garantizar derechos distintos a los que están recogidos en la Constitución.
Recordó que en la Carta Política se establece que el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
En los exteriores de la Asamblea, los sectores provida anunciaron que realizarán varios actos de protesta en contra del proyecto, en el que se destacan varios nudos críticos relacionados con el tiempo en el que se podrá interrumpir el embarazo, los requisitos para acceder a ese servicio en los centros de salud y la objeción de conciencia de los médicos.
De la misma manera, los grupos que apoyan el proyecto y que también se apostaron en los exteriores de la Asamblea, anunciaron movilizaciones para exigir que se apruebe la Ley.
9 de enero 2021, 00:42 GMT
Según el procedimiento legislativo, el proyecto de ley debe regresar a la Comisión de Justicia la cual procesará las observaciones formuladas en el primer debate.
Para elaborar el segundo informe, dicha instancia tiene 45 días, por lo que no se cumpliría el plazo establecido por la Corte Constitucional.