"La lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en México no es reciente, es hablar del respeto que se le da a la vida de las personas, a las actividades y aspiraciones que cada una de ellas tiene y puede tener", dijo a Sputnik el presidente ejecutivo de la organización civil apartidista.
Según la investigación El pulso de México 2021, el trienio 2018-2020 ha sido el lapso "con más asesinatos en la historia del país (33.740, 34.689 y 34.558 homicidios dolosos, respectivamente) y de mantenerse la tendencia, 2021 podría ser el más violento".
La investigación dirigida por un comité ejecutivo integrado Duncan Wood, director del Instituto México del Wilson Center de Washington, y María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, entre otras figuras conocidas de la academia, señala que después del encierro por la pandemia en el 2020, "tres de cada 10 personas dejaron de tener algún tipo de afiliación a las instituciones públicas de seguridad social".
Cárdenas, coautor del libro Historia Económica de México, explica que en el país latinoamericano "ya avanzado el siglo XXI, la violación a estos derechos continúa representando un gran lastre sobre su población, y cada vez se ve más difícil de revertir esta situación".
Balance negativo
La investigación indica que el estudio Global de Homicidios presentado en 2019 por la agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la Droga y el Delito, ya colocaba a México en el lugar 12 de los países con más homicidios en el mundo.
"Actualmente, el 93% de los delitos no se denuncian" creando un clima de impunidad que alienta las acciones del crimen organizado, prosigue.
Del pequeño 7% de delitos que fueron denunciados e investigados por ministerios públicos, "en el 48,4% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia".
Un reciente informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas señala que en los casos de más de 95.000 personas desaparecidas la impunidad es "casi absoluta".
Tras una visita realizada del 15 al 26 de noviembre recién pasado, el comité de la ONU señaló en su informe preliminar que "pese a algunos avances, las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad casi absoluta".
Debilidad institucional
Cárdenas lamenta que "a pesar de que la estrategia más efectiva para defender y promover la observancia y el acatamiento de los derechos humanos es a través de la construcción y consolidación de instituciones, el actual Gobierno federal ha hecho un esfuerzo sistemático para debilitar los contrapesos institucionales".
En tres años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien critica el papel de las instancias autónomas del Estado que son contrapesos del Ejecutivo, "se ha empeñado en destruir las capacidades del Gobierno y desaparecer a los organismos que debían brindar los equilibrios que toda democracia debe tener y que son imprescindibles para el desarrollo", prosigue el académico.
Otro elemento de preocupación es el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que no figuraba en los programas y ofertas de campaña del gobernante.
El documento indica que, un examen de las acciones de esas corporaciones como la Guardia Nacional —creada en 2019 e integrada en dos terceras partes por elementos castrenses—, "evidencia que las corporaciones militares que tanto exigieron un marco legal que normara su actuación en materia de seguridad pública, no han cumplido con la ley".
Cárdenas explica que el reporte documenta "una serie de violaciones y de incumplimientos de derechos fundamentales, que están en consonancia con las recomendaciones de organismos Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Datos duros
El autor explica además que esos documentos "se suman a las advertencias de otras organizaciones internacionales, por ejemplo, los defensores de la libertad de expresión de Artículo 19, que documentan la violencia contra los periodistas".
El incumplimiento de derechos incluye que, de enero de 2020 a octubre de 2021, han sido perpetrados 145 asesinatos contra periodistas "por razones posiblemente relacionadas con su labor", detalla el documento de casi 200 páginas.
Este balance pone a México "entre los países más letales para periodistas, solo comparado con países como Afganistán".
Cárdenas concluyen mencionado que otro escenario de derechos sociales sin garantías es "el estrés hídrico que padece buena parte de la población, junto con el impacto de la contaminación y el cambio climático, que van a contrapelo de recomendaciones de organismos internacionales".
La propia Comisión Nacional del Agua reconoce que ocho de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de "estrés hídrico": dos terceras partes de la población habita en regiones con menos agua.