El último round de una pelea que lleva una década, sucedió en el Juzgado octavo en materia administrativa de la Ciudad de México. El 17 de noviembre de 2021, el juez Martín Adolfo Santos Pérez resolvió mandatar a siete instituciones ejecutivas del Gobierno mexicano "el cese de manera inmediata, de cualquier obra en el territorio dónde se encuentra el pueblo originario de Xoco".
Esta es la primera vez, desde que empezó el conflicto, que una autoridad reconoce la calidad "originaria" a la región en cuestión, lo que lo hace acreedora de derechos específicos protegidos nacional e internacionalmente.
El fallo judicial —al que tuvo acceso Sputnik— especifica que la prohibición del avance de las obras aplica al polígono que ocupan las calles Real de Mayorazgo, Puente de Xoco, Mayorazgo Higuera y Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez al sur de la capital mexicana, además ordena el "cese inmediato de cualquier acto de intimidación y/o represalia contra los integrantes del poblado originario, por no estar de acuerdo con las obras que se realizan en su territorio".
Si bien la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, la organización de vecinos denunciantes está conforme con la resolución a la que catalogaron de "garantista", aseguran estar conscientes de que esta es "una primera batalla ganada" en la vía judicial.
El megaproyecto
La Torre Mítikah se comenzó a construir en el año 2008 y, desde entonces, se fue expandiendo sobre el terreno ocupado originalmente por el pueblo originario que ha logrado preservar únicamente un polígono.
Aunque existen evidencias que en el pueblo de Xoco —que en náhuatl es el vocablo raíz de la palabra en español "chocolate" y refiere a algo "amargo"— se asentó una aldea teotihuacana, la edificación más antigua que se mantiene en pie es la capilla de San Sebastián Mártir y el panteón del mismo nombre, que son una parte central de la vida comunitaria.
Mítikah, en cambio, es un rascacielos en construcción de 270 metros de altura, que la convertirá en el edificio más alto de la Ciudad de México con 68 pisos. La torre fue diseñada por el arquitecto argentino César Pelli y en 2015 fue adquirida para su concreción por la empresa Fibra Uno.
"El pueblo de Xoco está peleando contra una serie de capitales naciones y extranjeros de mucho peso. La experiencia previa de la Ciudad de México es que las constructoras tienen una mano negra muy poderosa metida en el sector gubernamental y que en este caso, los vecinos se han topado con que las diferentes dependencias no han dado cabida a sus denuncias", dijo a Sputnik, Arturo Aparicio, uno de los abogados de la Asamblea ciudadana del pueblo de Xoco.
El fallo
El 17 de noviembre de 2021, el Juez Martín Adolfo Santos Pérez, a cargo del octavo Juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México, resolvió a favor del pueblo originario de Xoco, el juicio de amparo 1563/2021 que fue entablado por los vecinos organizados, con la representación de Aparicio.
El fallo mandató a la alcaldía Benito Juárez, la Secretaría de Medio Ambiente, la de Desarrollo Urbano y Vivienda, la de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Gobierno de la capital, así como al Instituto de Antropología e Historia del gobierno federal, el cese de manera inmediata de "cualquier obra en el territorio dónde se encuentra el pueblo originario de Xoco" y de cualquier acto de intimidación en contra de sus vecinos, en referencia particular a la detención arbitraria el pasado 30 de julio que sufrió Álvaro Rosales, presidente de la asamblea ciudadana.
Sin embargo, las autoridades mencionadas fueron omisas ante la resolución, lo que generó que la Asamblea interpusiera un incidente interno en el mismo juicio de amparo.
"Por esto, el juez ha pedido a la autoridad que acredite que ha cumplido con lo ordenado por el Tribunal, tanto a la Secretaría de Ambiente, a la alcaldía Benito Juárez y a la Secretaría de Seguridad ciudadana de la capital", explicó Aparicio a Sputnik, para lo cual se cuenta con un plazo que vence en los primeros días del mes de diciembre de 2021.
El abogado explicó que al recibir la notificación de la suspensión de obras de la torre, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano interpusieron recursos de queja ante el juzgado administrativo, por lo que un Tribunal de alzada deberá revisar el asunto.
"No sabemos qué va a pasar de ahora en adelante, pero hasta ahora hemos tenido una respuesta lenta y tardada del Poder Judicial. Sin embargo, reconocemos que recientemente ha habido resultados positivos al brindar la medida cautelar, reconocer a Xoco su calidad de pueblo indígena y finalmente, que se haya abierto el incidente para llamar a las autoridades a rendir cuentas", concluyó.