"No reconozco los cargos del ministerio público, ni tampoco a la justicia georgiana. No estoy aquí para ser el figurante de una comedia que ya está redactada", declaró Saakashvili en su primera comparecencia ante el juzgado este lunes, 29 de noviembre.
Abogados del exmandatario habían pedido que todos los canales de la televisión georgiana realizaran una cobertura en directo, y estuvieron transmitiendo ellos mismos la vista del caso en Facebook, hasta que la juez ordenó que cesaran. Las únicas noticias que se van filtrando desde el interior son a través del Canal 1, el único medio presente en la sala.
Fuera del tribunal, las fuerzas del orden lanzaron gas pimienta para dispersar a los partidarios del expresidente que, banderas y retratos de Saakashvili en las manos, se encaramaron a una valla, arrojaron botellas en respuesta a las cargas policiales y terminaron bloqueando el tráfico en una avenida cercana.
El exalcalde de Tiflis, Giorgi Ugulava, fue detenido por desacato a la autoridad.
Saakashvili, que había regresado de Ucrania a Georgia para presenciar las elecciones locales, fue detenido por las autoridades el 1 de octubre pasado.
Ya bajo custodia, el expresidente mantuvo una huelga de hambre durante 50 días, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital penitenciario tras perder el conocimiento y trasladado al hospital militar de Gori para continuar el tratamiento.
Saakashvili está involucrado en varios casos penales y era buscado por las autoridades georgianas, que amenazaron reiteradamente con detenerlo tan pronto como cruzara la frontera.
Según la Fiscalía georgiana, el expresidente tiene una condena pendiente de nueve años de prisión: tres años por estar implicado en el asesinato del banquero Sandro Guirgvliani, y otros seis por la golpiza al diputado Valeri Guelashvili.
Además, Saakashvili se enfrenta a varios cargos que aún están siendo examinados por los tribunales en relación con una manifestación opositora del noviembre de 2007, los daños materiales causados a la empresa de radiodifusión Imedi y la malversación de fondos públicos.