Las dos empresas son Vale, propietaria de la represa, y la alemana Tüv Süd, que realizó la auditoría que certificó su seguridad, según informó el comisario Cristiano Campidelli y recoge el portal de noticias G1.
Las personas físicas (ingenieros, consultores, gerentes y directores) fueron procesadas por homicidio doloso doble; por empleo de medio que resultó en peligro común y por usar recursos que imposibilitaron la defensa de las víctimas.
Además, fueron procesadas, igual que las dos empresas, por delitos ambientales y contaminación de la flora y fauna, recursos hídricos, y parques naturales, y por haber presentado una declaración falsa ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Ahora el informe policial llegará a manos del Ministerio Público Federal (la Fiscalía), que tiene la potestad para denunciar o no a las personas y empresas señaladas.