Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como cada año desde 1999 tras ser reivindicado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
México y Honduras son dos de los cinco países latinoamericanos más peligrosos para las mujeres, junto con Haití, Guatemala y Colombia, según un estudio global del Instituto Georgetown para las Mujeres, la Paz y la Seguridad de Estados Unidos.
El matrimonio infantil, la trata, la mutilación genital, así como la violencia sexual y el acoso, la violencia física, psicológica y el femicidio —cometido tanto por la pareja sentimental como por terceros— son algunos de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres de todo el mundo.
Un tercio de la población femenina fue víctima de violencia física o sexual desde temprana edad y solo una de cada diez mujeres denunció a su agresor, según Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.
En América Latina 12% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años sufrió violencia física o sexual en los 12 meses anteriores a ser consultadas.
Tan solo en 2019 se contabilizaron 3.800 femicidios en el continente, y se estima que la pandemia agravó la situación del fenómeno.
Desaparecidas, desplazadas y asesinadas
Desde el colectivo feminista mexicano Antimonumenta - Vivas nos queremos, se ven inmersas en un "callejón sin salida", según palabras de Marcela, vocera de la organización —quien prefirió solo ser identificada por su nombre—.
"Hay un sistema opresor que nos condena a esas violencias, pero además en México tenemos la condición de la violencia del Estado y de la violencia de las organizaciones del Estado: la Policía, los militares, la Guardia Nacional y por supuesto de los grupos de la delincuencia organizada, (...) es como un callejón sin salida", dijo .
Agregó además que "la violencia institucional no permite que este tipo de violencias tengan un castigo".
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revelaron que en el segundo semestre del 2020 el 98,6% de los casos de violencia sexual no se denunciaron.
Para Marcela es esencial que se garantice la protección a las denunciantes por parte del Estado, que deje de brindar un trato revictimizante y asegure justicia.
Según cuenta, hay casos en los que los familiares de las desaparecidas se ven obligados a emigrar, dada la falta de respuestas del sistema de justicia mexicano.
"Hay casos emblemáticos terribles de familias enteras que han tenido que migrar, que han sido desplazadas por las violencias y no solo sufren la pérdida de un ser querido, sino que además tienen que abandonar todo porque el Estado es ausente, es omiso y además hay toda una estructura burocrática en donde la gente se pierde para poder recibir los apoyos", sostuvo.
Desde el colectivo reconocen que el país —que en el primer semestre de 2021 registró un promedio de 10,5 mujeres asesinadas por día según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, cuenta con las reglamentaciones necesarias para garantizar un proceso justo a las víctimas, pero reclaman que jueces y magistrados siguen manejando sus casos con una visión machista, que perpetúa la violencia hacia las mujeres.
Por este motivo este jueves 25, bajo las consignas #YoDenunciePero y #NoDenunciePorque llaman a una concentración para visibilizar las irregularidades de servidores públicos del sistema judicial y se invita a todas las mujeres a contar sus experiencias vividas y motivos para atenerse al silencio.
El punto de encuentro será en la Glorieta de las mujeres que luchan —espacio donde anteriormente estaba el monumento de Cristóbal Colón, en la Avenida Paseo de la Reforma, en Ciudad de México y que diferentes colectivos renombraron para rendir homenaje a las madres que exigen justicia por sus hijas, víctimas de feminicidios—, en una extensa jornada desde las 9 hasta las 18 horas.
"Las mujeres que colocan o que colocamos estas protestas en la vía pública, en los espacios comunes, existimos y lo hacemos porque es un grito desesperado", sostuvo Marcela.
Agregó además: "Hay que aceptar que en este país hay una crisis", por lo que destacó que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, admitiera que México vive una "crisis humanitaria" con 94.000 personas desaparecidas desde 1964 a la actualidad, ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, durante su visita al país —desde este 15 al 26 de noviembre—.
Desde el colectivo exigen que "se tome una postura seria" ante "una emergencia humanitaria a la que el Estado le ha dado la espalda".
Por otra parte, Marcela indicó que hay un intento de deslegitimar la lucha feminista desde el Gobierno, que las acusa de tener alianzas con la "ultraderecha", y explicó que esas acusaciones perjudican al movimiento porque generan un rechazo social muy fuerte.
Entre la impunidad y los ataques de odio
Honduras vive una situación crítica desde la perspectiva de derechos humanos y de género en vísperas de las elecciones generales del país previstas para este domingo 28.
En plena campaña electoral organizaciones feministas denunciaron ataques de odio desde el Partido Nacional —oficialista desde hace tres períodos de gobierno tras el golpe de Estado en 2009— que criminalizan a las activistas que buscan despenalizar la interrupción del embarazo.
En ese contexto, se realizarán diversas manifestaciones y actividades en el país durante el jueves 25 y el viernes 26.
Neesa Medina, activista hondureña y vocera de la organización Somos Muchas dijo a Sputnik que el país atraviesa una alta tasa de feminicidios, y de denuncias por agresiones sexuales.
"Cada tres horas se denuncia una violación sexual a una niña o a una mujer y son las niñas de 10 a 14 años el rango de edad que más denuncia violencia sexual en Honduras" dijo.
Asimismo, se registran cerca de 300 mujeres asesinadas en lo que va del año en Honduras por parte del monitoreo de prensa de organizaciones de mujeres y del Observatorio Nacional de la Violencia, a pesar del retraso en la difusión de las cifras oficiales.
Un sistema judicial que revictimiza a las víctimas haciéndoles repetir el testimonio hasta siete veces, refugios con capacidad para menos de 200 mujeres en todo el país y niveles de impunidad del 90% para los perpetradores de los delitos, son algunos de los factores que agravan el fenómeno en el país latinoamericano.
Ya en 2018 el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras había advertido que en los últimos 15 años el 90% de los femicidios quedaban sin resolver, algo que las autoridades siguen sosteniendo.
Desde Somos Muchas se exige que el Gobierno aborde la violencia hacia las mujeres como "un problema que merece una atención prioritaria".
Solicitan una atención "preventiva, integral, empática y con recursos" que contemple más plazas en las casas refugio, así como una "regulación de portación de armas que incluya violencia de género como criterio para otorgar esos permisos".
Además para la vocera es fundamental garantizar investigaciones eficientes por parte del sistema de justicia para avanzar en materia de derechos humanos.
"Si no se respetan los derechos de las mujeres no puede existir democracia y el derecho a una vida libre de violencia sigue siendo una exigencia prioritaria en Honduras para las mujeres", finalizó.