Ni las denuncias de partidos políticos y sociedad civil, ni la inquietud expresa de los organismos internacionales con sus llamados a la paz han logrado frenar este ambiente de incertidumbre que sobrevuela Honduras, donde la violencia es parte del ADN social.
De hecho, en la noche del lunes unos desconocidos lanzaron presuntas bombas lacrimógenas contra la vivienda del alcalde del municipio de Azacualpa, Carlos Orlando Sandres, obligándolo a salir a la calle junto a su familia, porque tenía más miedo a asfixiarse que a recibir un balazo.
Sandres, quien busca su sexto mandato consecutivo como edil por el oficialista Partido Nacional, no dudó en considerar el ataque como "algo meramente político".
Su caso no es aislado, aunque corrió mejor suerte que otros actores políticos, asesinados en medio de una ola de violencia sin precedente cercano en este país, al menos desde que fue restaurado el orden constitucional, en 1980, tras 20 años de sucesiones militares en el poder.
Hace apenas diez días fue asesinado a tiros Darío Juárez, aspirante a vicealcalde del municipio de Concordia, departamento de Olancho, por el opositor Partido Liberal. También por esa fecha fue rematado en el suelo Francisco Gaitán, que buscaba su quinta reelección como edil de Cantarranas.
Saldo letal
Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, citados por el periódico El Heraldo, desde enero pasado a la fecha han sido asesinados 68 políticos hondureños, 19 de ellos en marzo, y cuatro en lo que va de noviembre.
Hasta ahora, el Partido Nacional es el más golpeado, con 31 víctimas, seguido por Libertad y Refundación (Libre, izquierda) con 20 y el Liberal, con 12. Olancho es el peor departamento para los políticos, con seis muertes violentas en los primeros diez meses de 2021.
La situación es mucho peor que durante el proceso electoral de 2017, cuando se registraron 12 homicidios contra actores políticos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) ya expresó su preocupación por las muertes violentas en el contexto electoral y llamó al cese de la violencia, que afecta el derecho a la participación política.
La Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también condenó en un comunicado reciente los asesinatos y ataques registrados durante la campaña y reclamó a las autoridades locales una investigación eficiente contra "estos actos inaceptables".
Reacción gubernamental
El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se sumó a las críticas contra la violencia en el contexto electoral y vaticinó el rechazo popular a quienes la promueven.
"Aquí han destruido edificios, han quemado iglesias, a un muchacho le destruyeron la cara; esa es la máxima expresión del desprecio a la vida humana: el que usa esos métodos se está enterrando solo porque lo que va a conseguir es el rechazo de la población", afirmó el mandatario.
22 de noviembre 2021, 02:50 GMT
Es, por cierto, el mismo Hernández señalado por la justicia de EEUU como conspirador para ingresar cocaína en el país norteamericano y acusado de convertir a Honduras en un narco-Estado, y que fue reelecto en 2017 en medio de denuncias de fraude electoral.
Su mensaje por la paz coincidió con un reciente decomiso policial de cocteles molotov que según las investigaciones preliminares fueron encargados a pandilleros locales para generar caos durante la jornada electoral.
Violencia sin par
"Ya son las elecciones más violentas en la historia reciente en Honduras, con el asesinato de candidatos en distintas posiciones. Una violencia vinculada al narcotráfico y al control territorial y alianzas con las pandillas, como la MS-13", afirmó en un reciente foro la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Claudia Paz.
A su vez, el Centro de Estudio para la Democracia de Honduras también se pronunció contra este clima de violencia política que, a su juicio, desanima a la participación ciudadana y debilita por ende su derecho a ejercer el sufragio en un ambiente pacífico y confiable.
Y toda esta preocupación es solo por la violencia contra actores políticos: los ataques contra los defensores de derechos humanos y ambientales tienen en Honduras un largo historial de muerte e impunidad, un estigma del que le costará al país desprenderse.