La tarde de este 21 de noviembre, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que establece que todas las obras y proyectos a cargo del Gobierno de México se considerarán "de interés público y seguridad nacional".
Entre los proyectos que quedarán bajo está cláusula están los de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, hidráulico, medio ambiente, turístico, aeropuertos, y todos aquellos que por su naturaleza, magnitud o complejidad se consideren prioritarios para el desarrollo nacional.
23 de noviembre 2021, 14:24 GMT
Al respecto, en la conferencia matutina del 23 de noviembre, López Obrador defendió el decreto y afirmó que se trata de una estrategia para facilitar los trámites y eliminar la burocracia.
"Es un acuerdo para agilizar los trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras; que se pueda dar la confianza a las instituciones y las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos, y que se les dé también tiempo para hacer toda la documentación", explicó el mandatario.
Acusan al Gobierno de AMLO de dictatorial
Una vez que se publicó el decreto, políticos y figuras públicas de la oposición criticaron el decreto presidencial y aseguraron que se trata de un plan para dar más poderes al Ejército.
Asimismo, se acusó al presidente de México de actuar contrario al principio de transparencia, toda vez que la información de seguridad nacional se considera como datos reservados.
La académica y columnista de Reforma, Denise Dresser, consideró que el recurso "es otro cheque en blanco a las fuerzas armadas" que además "garantiza opacidad, se salta procesos, normas y requisitos de planeación y refuerza la militarización".
Por su parte, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que "México avanzó muy peligrosamente hacia un Estado de excepción", pues "privilegia la actuación de la autoridad fuera de la ley".
En tanto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, calificó la decisión como inconstitucional y adelantó que buscarán llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).