Para comprender esta tormenta perfecta hay que mirar hacia sus costes de producción.
Según denuncian las principales organizaciones agrarias españolas —UPA, COAG y ASAJA—, en el último año, la energía eléctrica se encareció un 270% y el gasóleo que usan los tractores, un 73%.
Pero el incremento de costes no acaba ahí, el pienso, los abonos, los plásticos para invernaderos, el agua o las semillas son otros de los suministros que han subido en porcentajes que abarcan del 20 al 45%.
#SOSRURAL
Estos motivos son los que lanzaron a los agricultores y ganaderos españoles a convocar una campaña de movilizaciones, bajo el lema #SOSRural, cuyo calendario está aún por definir entre las principales asociaciones, pero que se perfila para principios de año y que tendría su colofón con un gran acto a finales de enero en Madrid, según explican desde UPA.
"Se precisan medidas estructurales por parte del Ministerio para que cada tres o cuatro años no veamos unos incrementos de costes de producción como los que vemos en estos momentos", señala en conversación con la agencia Sputnik el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión de Pequeños Agricultores, que agrupa fundamentalmente a explotaciones familiares, el formato más común de la economía agraria española.
Pese a que las demandas se dirigen al Ministerio de Agricultura del Gobierno español, los trabajadores del campo reconocen que la naturaleza de la crisis es global y que se debe a cuestiones como el encarecimiento del transporte; o al de los costes para producir algunos suministros, como ocurre por ejemplo con el gas o la electricidad y la elaboración de fertilizantes.
#SOSRural es la continuación de la campaña de presión "Agricultores al límite" que se vio interrumpida por la pandemia y que ya venía avisando de esta situación.
La cadena de precios
Además de los costes, el otro flanco por el que se ven atacados los agricultores es el de los distribuidores alimentarios.
1 de septiembre 2021, 10:38 GMT
El portavoz de la UPA denuncia cómo "las grandes superficies cada vez más están incumpliendo la Ley de la Cadena"; pese a que, recuerda, este texto se modificó hace un par de años, fruto de la movilización de los agricultores, para que prohibiese expresamente la venta a pérdidas.
Esta ley fue aprobada en 2013 y modificada en 2020 para impedir que las grandes cadenas de distribución vendieran por debajo del coste de adquisición.
La práctica tiene como finalidad atraer clientes y ocurre en ocasiones, por ejemplo, con la leche.
Es decir, si una cadena de supermercados ofrece los paquetes de un litro de leche muy baratos, atraerá clientes; pero en ocasiones llega a venderla a sus clientes incluso por debajo de lo que paga por ella a las grandes compañías lácteas, lo que lleva a estas a trasladar la presión para obtener precios bajos al eslabón más débil de la cadena: los ganaderos, que en su mayoría en España son dueños de pequeñas explotaciones familiares.
9 de septiembre 2021, 11:57 GMT
Valor social y económico
Los agricultores recuerdan el importante peso que su actividad supone en la economía española, alrededor del 6% del PIB, en una economía liderada por el turismo, los servicios y la industria; pero donde también el campo dotó de protagonismo a España en el espacio europeo, dado que numerosos alimentos que se consumen en los países norte y centroeuropeos proceden de España.
Además, reclaman su valor social, dado que el sector es el responsable de que inmensas extensiones del interior peninsular español estén habitadas, dado que es el principal motor de creación de empleo en estos lugares.
La cuestión lleva camino de cobrar especial importancia en la agenda española, dado que comienzan a surgir formaciones políticas agrupadas en estos vastos territorios que, según sus cálculos, podrían ser claves para la futura formación del Gobierno de la nación.