"El Gobierno lleva años defendiendo el aumento de los precios del combustible, pero a la larga somos los pobre los que cargaremos con las consecuencias porque aumentará el costo de todos los productos", dijo a la Agencia Sputnik, Beatrice, de 35 años, quien vende verduras en la calle Chavannes de Puerto Príncipe.
Una postura similar sostienen varios líderes sindicales que advirtieron a las autoridades que un incremento en este rubro disparará la pobreza en un país donde más de la mitad de las personas vive con menos de dos dólares diarios.
Montès Joseph, coordinador general del Frente Unificado de Transportes Haitianos, alertó que el aumento de los combustibles provocará alzas en el transporte público y los productos de primera necesidad, y calificó la estrategia gubernamental como una conspiración con la industria petrolera, según recogió Radio Metropole.
Joseph sostiene que una comisión del Gobierno recomendó poner fin a las subvenciones de los productos petroleros para sanear las finanzas del país.
Haití tiene los precios de gasolina y el diésel más bajos de la región con poco más de dos dólares por galón, casi la mitad de la vecina República Dominicana.
Desde hace varios años, el Gobierno aspira a dejar de subvencionar el rubro que supone un déficit de unos 30.000 millones de gourdes (unos 300 millones de dólares), sin embargo, un intento en 2018 provocó masivas protestas antigubernamentales y costó el cargo al entonces primer ministro Jack Guy Lafontant.
Para el economista, Kesner Pharell el Estado no puede continuar llevando esa carga en los hombros, y debe buscar estrategias para subvencionar a las personas que no podrán pagar los nuevos precios, en lugar de costear el producto.
"Cuando subsidiamos 30.000 millones de gourdes por petróleo, significa que hay menos dinero para educación, salud, protección social, porque en un país como Haití no podemos dejar de ayudar a la gente más pobre", dijo el experto al diario Le Nouvelliste.
Sin embargo, Beatrice estima que en sus más de tres décadas de vida no ha recibido beneficios estatales y pone en duda que el monto que se ahorre el Gobierno realmente se invertirá en la población.