Si bien la proyección de crecimiento al finalizar 2021 es de 8%, la posibilidad de más sanciones preocupa al Gobierno de Nicaragua, pues entre sus objetivos esas disposiciones establecen las bases para, mediante la "diplomacia", promover las elecciones democráticas. Receta que se traduce en financiamiento y estímulo a la desestabilización interna, con múltiples expresiones en el área.
Luis Lobato, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) considera que tales decisiones incidirán no solo en el territorio centroamericano, sino también en las naciones desconocedoras del proceso, especialmente Estados Unidos, promotor de la campaña de descrédito a los comicios del 7 de noviembre último.
"Al fin y al cabo, no pueden hacer del país un gueto. Incluso, Estados de la región como El Salvador asumen políticas similares a las nuestras, entre ellas, la Ley de Agentes Extranjeros promovida por el presidente Nayib Bukele, para evitar la injerencia. ¿Quieren aislarnos? Entonces, ¿por dónde pasarían los productos del área? No nos pueden convertir en una aldea", significó el académico.
Para Lobato, la presión foránea, la imposición de leyes y resoluciones como la referida a La situación en Nicaragua, tema en la agenda actual de la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), eran reacciones esperadas antes, durante y después del ejercicio del sufragio, aunque los países detrás de ellas posean cuestionables procesos electorales.
El también coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d' Escoto Brockmann expresó a Sputnik que los comicios en su país incluyeron la participación de siete partidos políticos, y desmontó uno de los argumentos esgrimidos contra la nación centroamericana: la detención de una treintena de opositores, entre ellos, siete aspirantes a la presidencia.
"Aquí se cumplió la ley, ellos no eran aún candidatos ni habían asumido acuerdos respecto a su postulación", aseguró al referirse a los hombres y mujeres detenidos desde meses antes de las elecciones bajo cargos de conspiración, traición, menoscabo a la soberanía y delitos de lavado de dinero.
Para Lobato, no estamos en la época de la Guerra Fría, "vivimos en un mundo multipolar, pese a las consideraciones y modos de actuar de Washington, es decir, es imposible perjudicar a un país sin afectarse a sí mismo", puntualizó.
¿Cuáles son las amenazas contra Nicaragua?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros en desconocer las votaciones en Nicaragua y calificar al proceso transcurrido el 7 de noviembre como una "pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas, y ciertamente no democráticas", antesala de la firma y promulgación de la Ley Renacer por el mandatario norteamericano.
El mencionado instrumento forma parte de las amenazas del primer mandatario norteamericano y su promesa de emplear todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para hacer rendir cuentas al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, seleccionados para un nuevo período de cinco años (2022-2027).
La denominada ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua —Renacer, por sus siglas en inglés—, fue aprobada el pasado 3 de noviembre, con 387 votos a favor y 35 en contra, y significa la extensión de sanciones, entre ellas, la revisión del Tratado de Libre Comercio y la incorporación a la lista de naciones del área sujetas a restricciones de visa por corrupción.
La disposición establece el aumento de informes sobre las actividades de Rusia en el país centroamericano, especialmente, lo referido a cuestiones militares. Su antecedente es la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), presentada en 2016 por la entonces congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires y aprobada el 11 de diciembre de 2018.
La NICA Act faculta al Departamento del Tesoro para la aplicación de sanciones contra "toda persona extranjera, incluidos funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno" o que Washington determine su participación en "actos significativos de violencia o conductas que constituyan abuso o violación de los derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018".
"Muchas de las intimidaciones establecidas mediante la Ley Renacer o la conocida como NICA Act, de ser aplicadas, tendrán un efecto bumerán. Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, solo intereses y ven a nuestro país, desde el punto de vista geopolítico, con un proyecto de gobierno que, a sus ojos, constituye un mal ejemplo para sus aliados", señaló Lobato.
A juicio del académico, el territorio centroamericano es referencia en términos como la soberanía y el desarrollo social, cultural, económico y político, cuestiones que pretender desvirtuar los promotores de sanciones.
El proyecto de resolución sobre Nicaragua analizado por los integrantes de la OEA atenta contra estos logros.
Los firmantes —Canadá, Estados Unidos, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda— solicitaron al Consejo Permanente el impulso de una "evaluación colectiva inmediata de la situación, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, a ser completada a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas".
"La OEA ha certificado desde el punto de vista de la legitimidad su acta de defunción. Su secretario general, Luis Almagro, promovió y facilitó el golpe de Estado en Bolivia a finales de 2019. Los acuerdos adoptados en ese foro regional no nos afectan. En la década de 1980 enfrentamos a Estados Unidos con una reserva de alrededor de 50 millones de dólares, hoy en día tenemos más de 5.000 millones de dólares", puntualizó Lobato.
El especialista resaltó la política de alianzas establecida por Nicaragua y su apego al multilateralismo, expresado en ejemplos recientes como la presencia del canciller, Denis Moncada, en la reunión de la COP 26 desde donde promovió reuniones e intercambios bilaterales con representantes de Guinea, China y funcionarios de Naciones Unidas.
12 de noviembre 2021, 16:05 GMT