"En general, los resultados demuestran que sigue existiendo un patrón de malos tratos físicos infligidos por los funcionarios de prisiones como reacción desproporcionada y punitiva ante el comportamiento recalcitrante de los presos", dice el texto dado a conocer este 9 de noviembre.
Las recomendaciones se basan en las visitas realizadas en septiembre de 2020 a ocho comisarías de Policía Nacional, una de ellas de menores; una comisaría de Policía Local; siete cárceles, dos hospitales psiquiátricos penitenciarios y un centro de detención de menores.
Fueron cinco los miembros del CPT que realizaron las visitas, entre ellos sus dos vicepresidentes en ese momento, y contaron con la asistencia de tres expertos europeos en la materia.
Estos expertos también recomiendan a las autoridades españolas que procedan "inmediatamente a la preparación del traspaso de la asistencia sanitaria de las prisiones al servicio nacional de salud", según hicieron constar por escrito.
Se basan para ello en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (16/2003), aprobada en mayo de 2003, que estipulaba que en un plazo de 18 meses la responsabilidad de la asistencia sanitaria en las prisiones se transferiría al servicio nacional de salud.
El informe también hace una alusión explícita a los presos de la organización terrorista ETA que se encuentran alejados de las cárceles vascas.
Consideran los expertos europeos que "a la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias ya sea en el País Vasco o en otro lugar de España".
Y no lo deja en el terreno de la recomendación, sino que conmina a las autoridades españolas a dar una respuesta respecto a esta cuestión.
La respuesta por parte de Madrid se produjo ya en octubre de este año y en ella se viene a decir con cifras que, a fecha del 17 de junio de este año, era una cifra muy minoritaria la de los presos etarras que permanecían en cárceles a más de 400 kilómetros de sus domicilios.
Concretamente seis, es decir un 3,1% de ellos, según los datos del Ministerio del Interior.
La llamada política de dispersión a la que se refiere este apartado del informe fue puesta en marcha en 1989 por el Gobierno del socialista Felipe González, como medida de presión sobre el colectivo de los terroristas presos.
Por otra parte y por lo que respecta a las comisarías, también se hace constar en el informe "un número significativo de denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención, incluso de menores", pese a que anteriormente se especifica que la tónica general es de un trato correcto.
En este sentido se subraya que las denuncias por malos tratos son más frecuentes cuando los detenidos son extranjeros, se solicita un toque de atención a los agentes por parte de sus superiores y que se investiguen este tipo de denuncias.
Se aboga asimismo por eliminar el régimen de incomunicación en las detenciones de la legislación española y porque se conserven durante un mínimo de 30 días las grabaciones en circuito cerrado de los recintos de detención.