"En relación con los derechos de las mujeres, pese a los avances legislativos, se observa que El Salvador sigue siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región. Ante ello, el Estado debe fortalecer el sistema de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia, incluyendo la creación de un Fondo Especial de Reparación a Mujeres Víctimas de violencia feminicida", dice el texto.
El informe recuerda que la normativa que criminaliza el aborto en todas circunstancias sigue vigente en el país, "impactando negativamente los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y de discriminación, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud".
La CIDH reitera su preocupación por información sobre mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con emergencias obstétricas con sentencias desde hasta 30 años de prisión.
En ese sentido, recomienda "adecuar el marco normativo salvadoreño a los estándares interamericanos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes".
El documento resalta que los problemas en derechos humanos que afectan a El Salvador son de carácter estructural, y que varios de ellos continúan vigentes desde el conflicto armado interno (1980- 1992).
20 de octubre 2021, 22:09 GMT
Respecto al conflicto, la CIDH señala que, a 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, "considera fundamental garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas", y llama al Estado a fortalecer la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos en esa época y garantizar el acceso a los archivos que contengan información relevante para su investigación.
También urge al Estado a la búsqueda de las personas desaparecidas.
Por otro lado, recomienda la adopción de "un plan integral para que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y de género diverso e intersex puedan vivir libres de violencia y de discriminación".
Visita
El texto fue elaborado a partir de la "vasta información recibida y sistematizada antes, durante y con posterioridad a la visita in loco realizada del 2 al 4 de diciembre de 2019, luego de 32 años de la última observación en el terreno en el país", afirma la CIDH.
El documento estaba previsto para presentarse inicialmente para el año pasado, pero debió postergarse debido a la pandemia de COVID-19.
En el informe, el organismo también menciona "las condiciones deplorables de detención y altos niveles de hacinamiento de las personas privadas de libertad", que fueron verificadas en la visita de su comisión.
Al respecto, recomienda al Estado "dotar a los centros penales de recursos humanos y financieros, así como establecer una política criminal que utilice la privación de libertad como medida de último recurso, con medidas alternativas y garantías mínimas a todas las personas privadas de libertad, así como la implementación de programas para la reinserción en centros de seguridad y máxima seguridad".
La CIDH también llama a implementar medidas integrales para atender la pobreza, la violencia y las desigualdades que "son reconocidas como parte de las causas y consecuencias de la afectación a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población víctima de desplazamiento forzado interno".
Finalmente, insta a adoptar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y garantizar el acceso a la información pública.