Como una actividad riesgosa que podría generar estigmatizaciones y censuras arbitrarias calificó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) una estrategia adoptada por el Ministerio de Defensa de Colombia para enfrentar las informaciones consideradas como falsas y que eran difundidas durante el paro nacional en los meses de abril y mayo de 2021.
La organización civil, que tiene por objetivo la protección del derecho a la libertad de expresión, reveló que hubo varias acciones que se adelantaron desde la cartera de la defensa e instituciones militares que, a su juicio, afectan derechos humanos.
En específico, la FLIP publicó un video donde narra lo que sucedió el 6 de mayo de 2021. "Las redes sociales y la página web del Ministerio de Defensa y otras entidades adscritas amanecieron vestidas de negro. El último mensaje que aparecía en sus redes era: ‘Intento de bloqueo’. Parecía un ciberataque. De las 6 a las 9 de la mañana, ningún funcionario estaba autorizado para atender a periodistas ni medios de comunicación", cuenta la organización.
Agrega la investigación que "a las 9 [de ese mismo día], las redes se restablecieron y comenzó la campaña 'La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad'. Se publicó un video en el que una voz en off decía 'nos intentan bloquear, pero nosotros seguimos de pie'".
Luego apareció el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, y algunos comandantes de las Fuerzas Militares mencionando noticias que consideraban falsas.
Para la FLIP, lo que hizo el Estado fue confundir a la opinión pública y a los medios de comunicación al hacer creer que sus páginas web y de redes sociales habían sido víctimas de un ataque informático y que eso nunca se aclaró después, lo que es cuestionable desde todo punto de vista. Pero no es lo único.
Un multimillonario contrato
La publicación habla de un contrato multimillonario entre el Estado colombiano y la agencia Alotrópico SAS, por más de 900 millones de pesos colombianos (240.000 dólares), para que se diseñara la campaña #ColombiaEsMiVerdad.
Dicha agencia ya había trabajado anteriormente con el Gobierno de Iván Duque, durante las manifestaciones populares a fines de 2019, para mejorar la imagen del primer mandatario e intentar que la ciudadanía cambiara la imagen que tenía de las revueltas que se vivían en las calles.
27 de octubre 2021, 20:10 GMT
Sin embargo, la organización denuncia que la campaña que contrató el Ministerio de Defensa no solo fue para generar un impacto comunicativo a través de medios sociales, como Twitter o Facebook, sino que hubo acciones de ciberpatrullaje que se convirtieron en una "estrategia sostenida".
Dicho ciberpatrullaje es definido como una estrategia de vigilancia y control de la información y las opiniones que son difundidas por usuarios o ciudadanos en las redes sociales.
"Sabemos que se creó un puesto de mando unificado [PMU-Ciber] conformado por el Centro Cibernético Policial (CCP), el Colcert (Grupo de Respuesta a emergencias cibernéticas, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares (CCOC) y la Fiscalía", señala la revelación de la FLIP.
En respuesta a derechos de petición de información, entidades como el Mintic y el Colcert negaron acciones de ciberpatrullaje.
"No son claras las funciones ni responsabilidades que tiene a su cargo cada institución que hace parte del PMU-Ciber. Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren, ni cuál es el procedimiento que llevan a cabo para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias. Y aquí hay otro problema, ¿qué investigaciones penales se están desarrollando con base en estos ciberpatrullajes?", agrega la organización.
"Es lesivo utilizar el código penal para sancionar la información falsa"
En diálogo con Sputnik, el director de la FLIP, Jonathan Bock, entró en detalles para explicar cuáles podrían ser los riesgos reales de la estrategia que habría adoptado el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia.
"En primer lugar, las acciones de monitoreo y etiquetado de contenidos puede generar estigmatizaciones, sobre todo porque no hay un marco normativo. Por otra parte, utilizar palabras como ciberterrorismo genera un lazo inconveniente entre publicar noticias falsas y el terrorismo. Eso es lesivo para la libertad de expresión", señaló Bock a Sputnik.
También explica que, en términos jurídicos, el hecho de que no existe un marco legal en Colombia para hacer este tipo de acciones abre la puerta a la discrecionalidad para otras instancias —como ministerios o gobernantes locales— para definir qué es o no una información falsa, un trabajo que, a juicio de Bock, deben asumir los jueces.
"Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia este año pidió al Estado que se abstuviera de realizar este tipo de monitoreo en redes sociales porque tienen riesgos para la libertad de expresión. Diferentes organismos han subrayado los riesgos que implica utilizar el código penal para sancionar este tipo de acciones", comentó el director de la FLIP.
Lo ideal en estos casos, por ejemplo, sería emprender acciones pedagógicas en la ciudadanía y formar audiencias mucho más críticas y con capacidad de identificar lo que son las noticias falsas.
"Intentan hacer ver una mentira como si fuera una realidad"
Por supuesto, la revelación no cayó bien en los pasillos del Ministerio de Defensa de Colombia y el jefe de esa cartera, Diego Molano, publicó un breve video en sus redes sociales en las que incluso acusó a la FLIP de hacer política.
"Hoy muchos intentan hacer política y hacer ver una mentira como si fuera una realidad (…) Tenemos la conciencia tranquila porque actuamos con apego a la ley, como siempre lo hace nuestra fuerza pública", manifestó el ministro Molano.
Según el funcionario del Gobierno de Duque, se inició una campaña de comunicación que consistió en vestir de negro las páginas del ministerio y de las Fuerzas Armadas para llamar la atención de la comunidad y, luego, publicar un video explicando de qué manera estaban circulando noticias falsas que afectaban la legitimidad de las instituciones.
"Nunca se mencionó a ninguna persona en Colombia, por el contrario, se defendió a la Fuerza Pública (…) La campaña fue contra las noticias falsas, como la misma que hoy intentan montar y pretende desinformar a la ciudadanía y generar pánico y caos", arguyó el funcionario.
En ese mismo sentido, Molano negó que se hubiesen gastado millones de recursos porque la estrategia fue "fruto de un trabajo articulado entre entidades del sector que busca hacer pedagogía sobre los impactos negativos de la desinformación que estaba siendo objeto la Fuerza Pública".
Para la FLIP, las explicaciones de Molano siguen siendo insuficientes porque se confunden aspectos centrales de fondo sobre lo que es el ciberpatrujalle. Según Bock, lo que dice el ministro va en contravía de la evidencia.
"Ahí está el contrato, los videos que publicaron. Hay preguntas que el ministro no ha querido explicar", manifestó.
Lo que queda sobre la mesa luego de la información revelada es el debate sobre quién debe tener las facultades de definir qué es una noticia falsa y si es recomendable adoptar sanciones de carácter penal en caso de que con estas se pueda incurrir en algún tipo de delito.
El punto tiene toda la relevancia porque se trata de evitar que los criterios para definir o, en los casos más extremos, judicializar a los ciudadanos que compartan noticias falsas en redes sociales, con intención o no, sean utilizados con fines políticos.