"Sobreseer a Cristina Elisabet Fernández" y a los otros 11 procesados, señala el fallo en la página 385.
Los tres jueces del tribunal indicaron que "los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito, debiendo dejar sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado las personas antes mencionados".
Junto a la vicepresidenta, fue sobreseído el actual embajador de Argentina en Rusia, Eduardo Alberto Zuaín.
El fallo alcanzó en el mismo sentido al exsecretario legal y técnico Carlos Zannini, al senador Oscar Parrilli, y al actual ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires (este), Andrés Larroque, entre otros.
Los jueces recordaron al excanciller Héctor Timerman, procesado también en la causa hasta que falleció en diciembre de 2018 por una enfermedad.
El tribunal pidió dejar sin efecto las medidas cautelares dictadas durante el proceso.
Atentado en AMIA
El caso se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.
Hace unas semanas, la expresidenta solicitó la nulidad del caso tras conocerse que dos jueces de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, visitaron al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, en la Casa Rosada.
Los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, tras excusarse en un principio de intervenir en la causa, reabrieron el caso desestimado en todas las instancias judiciales.
EL expediente fue cerrado por "inexistencia de delito" en febrero de 2015 por el juez federal de primera instancia Daniel Rafecas, sentencia después confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal Nacional en lo Criminal y Coreccional, y por Casación en mayo de 2016.
Pero el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal de la nación sudamericana reabrió la causa.
La querella es impulsada en la actualidad por una de las entidades judías más poderosas del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorando de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
El tribunal federal deberá decidir en los próximos días si anula el caso, como pidieron los procesados, o continúa con el expediente.