En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto con el cual se crea la comisión especial anunciada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Según el decreto, entre 1965 y 1990 se cometieron en México "diversas violaciones graves de derechos humanos", las cuales han sido registradas por organismos internacionales, mismos que "han determinado que el Estado mexicano ha sido responsable de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas".
Por ello, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia tendrá por objetivo "generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con el esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos; la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica".
La comisión estará integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Hacienda y Crédito Público, del Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Asimismo, se sumarán a la comisión "cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional", las cuales serán propuestas en conjunto por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; un representante de las víctimas y sus familiares, y con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La Guerra Sucia se refiere a un periodo histórico en el que miles de disidentes, guerrilleros y críticos del régimen priista fueron desaparecidas presuntamente por fuerzas del Estados, específicamente por la extinta Dirección Federal de Seguridad y el Ejército.
En 1977, la actual comisionada nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, creó el Comité ¡Eureka! Para dar búsqueda a los desaparecidos durante la dicha década.
Si bien el Comité ¡Eureka! Registró al menos 564 desapariciones forzadas, se estima que al menos 90.000 personas desaparecieron durante este periodo por motivos políticos.