"No hay absolutamente ningún derecho legal, residual o no, de la población raizal de las pequeñas islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a cualquier presunta pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua", expuso el embajador Argüello según el texto de su intervención compartido a los medios.
Los raizales conforman una comunidad población nativa de las islas colombianas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, resultante del mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos.
Sobre la supuesta violación de los derechos de los habitantes locales a faenar el diplomático señaló que Colombia no ha ofrecido ninguna prueba creíble, tengan o no derechos esas personas a la captura de especies marinas en la ZEE (otorgada a Nicaragua peor la sentencia de la CIJ el 19 de noviembre de 2012).
"Si la población raizal está sufriendo algún problema no es por Nicaragua o la sentencia de la Corte de 2012, sino debido a los gobiernos colombianos", rechazó Argüello que a continuación precisó que los problemas de esa comunidad de origen afro-antillano comenzaron en la década de 1950 cuando el gobierno de Bogotá declaró a San Andrés puerto libre e inició a promover el turismo.
"Hubo una afluencia masiva de personas del continente que marginaron a los raizales. Tienen un nombre para lo que pasó, lo llaman la "colombianización" de las islas. Los recién llegados se hicieron cargo de los negocios más lucrativos y los raizales fueron marginados", repasó esa parte de la historia.
El representante nica ante el alto tribunal recordó que a raíz del citado fallo de 2012 el presidente Daniel Ortega planteó a la otra parte del diferendo territorial la conveniencia de negociar un acuerdo de pesca en beneficio de la comunidad de raizal, oferta que nunca fue aceptada por Colombia.
El 20 de septiembre el tribunal asentado en la ciudad neerlandesa de La Haya asistió al inicio de un nuevo capítulo de la disputa territorial, que desde 2001, protagonizan Managua y Bogotá por las islas y cayos del Caribe bajo jurisdicción de Colombia a pesar de estar mucho más próximos a las costas del país centroamericano.