"Como presidente y como miembros de la mesa no nos corresponde la iniciativa parlamentaria, pero sí defender que esta se pueda tramitar y que los diputados puedan hacer los debates que crean oportunos", afirmó Torrent a su salida del juzgado de Barcelona.
El exlíder del Parlamento regional compareció ante el tribunal para declarar en la fase de instrucción previa a juicio, en una sesión a puerta cerrada que se prolongó 15 minutos y en la que solo contestó a las preguntas de su abogado.
Torrent está acusado por la Fiscalía tras haber permitido en 2019 el trámite de dos propuestas de resolución a favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña y de reprobación del rey de España, que habían previamente sido vetadas por el Tribunal Constitucional.
El actual consejero de Empresa del Gobierno catalán, que entonces era el máximo responsable de la Cámara, defendió ante el tribunal que los propios letrados parlamentarios dudaron de la ilegalidad de las resoluciones.
"En ningún momento los servicios jurídicos nos recomendaron la paralización de las tramitaciones", justificó Torrent, que comparte acusación con tres ex miembros independentistas de la mesa parlamentaria.
El expresidente afirmó que su papel fue el de "neutralidad política" al permitir que se tramitaran las dos propuestas, y advirtió que cualquier sentencia en su contra sería "totalmente desproporcionada" porque "cuestiona los fundamentos del parlamentarismo".
"Si esto termina con una sentencia condenatoria, es un precedente nefasto desde un punto de vista democrático porque limita la libertad de expresión en el Parlamento, y no lo podemos permitir desde la defensa de los derechos fundamentales", subrayó el dirigente independentista.
Se da la circunstancia que, tras su declaración en el TSJC, Torrent asistirá a la reunión de la mesa de negociación entre los gobiernos de España y Cataluña para abordar el conflicto político sobre la independencia.