"Entre el 5 y 31 de agosto se registraron 34 vuelos provenientes de EEUU, acciones violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional", dice el informe sobre el proceso legal abierto contra el llamado Título 42 de la ley estadounidense.
Esa figura legal autoriza expulsiones inmediatas por razones sanitarias, en el marco de la pandemia de COVID-19.
La queja y las solicitudes de amparos judiciales señalan que el Gobierno de México también "realiza deportaciones ilegales masivas y 'en caliente', de madrugada y por puntos no establecidos así como devoluciones en cadena".
Las personas son expulsadas desde EEUU a los aeropuertos en estados del sureste mexicano, como Chiapas y Tabasco, y en el centro del país, como Jalisco, Ciudad de México, entre otras terminales aéreas.
Las organizaciones Asylum Access México, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Sin Fronteras, y el Instituto para las Mujeres en la Migración denuncian que, después, las personas extranjeras son "trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional, sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México".
En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, más de 750.000 inmigrantes han sido expulsados bajo el Título 42 de las leyes sanitarias estadounidenses, figura que autoriza al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, en inglés) a ejecutar expulsiones de migrantes "en caliente", con el argumento de las medidas sanitarias contra la pandemia.
Fue la administración de Donald Trump (2017-2021) la que comenzó el bloqueo y expulsión ilegal de personas en la frontera en marzo de 2020, pero su sucesor Joe Biden continúa con esta política: el pasado 2 de agosto emitió una nueva orden, bajo el mismo argumento, para continuar con las deportaciones.
Deportaciones 'en caliente'
Las organizaciones informan que presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman), el 26 de agosto y 03 de septiembre, mediante dos amparos indirectos ante jueces de Tabasco (sureste) y la capital mexicana.
Esas demandas legales fueron emprendidas luego de que a principios de agosto "comenzaron a registrarse vuelos provenientes de EEUU al sur de México con personas migrantes y con necesidades de protección expulsadas de territorio estadounidense bajo el Título 42".
Esta acción violaría varios derechos: a la vida, a la seguridad, a solicitar y recibir asilo, debido proceso, interés superior de la niñez, libertad de tránsito y el principio de no devolución, establecidos en la legislación nacional e internacional, reseña el informe de la demanda.
Además, violenta "el interés superior de la niñez, la perspectiva de género, y transgrede el principio internacional de no devolución".
Ese principio deben cumplirlo los Estados firmantes de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, entre ellos México, que es una "prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo".
Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado que "las expulsiones en cadena bajo Título 42 son una estrategia cruel de los gobiernos de EEUU y México para contener la migración, acción destinada al fracaso que representa la violación de diversos derechos nacionales e internacionales".
La denuncia se hace pública en la víspera de un viaje del canciller mexicano Marcelo Ebrard a Washington, en el que discutirá, además de temas de la agenda económica, una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la causas de la migración financiando la exportación de programas sociales mexicanos a países de Centroamérica.
En los siguientes días, organizaciones de la sociedad civil regionales enviarán una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamándola a solicitar información a los gobiernos acerca de las mencionadas expulsiones.
También le pedirán que se pronuncie contra las violaciones a derechos que representarían las deportaciones en cadena de personas que buscan protección, y que solicite información sobre los recursos jurídicos que tiene esta población con riesgo de expulsión en ambos países.