La revelación de que el constituyente chileno Rodrigo Rojas Vade no padecía leucemia, tal como él afirmaba desde 2019, no solo impactó a la sociedad chilena sino que puso a la Convención Constitucional ante el problema de tener que resolver qué hacer con su escaño.
El convencional Fernando Atria, líder del partido de izquierda Fuerza Común, dijo a Sputnik que la verdad sobre Rojas Vade "fue totalmente sorprendente" y "a nadie se le habría pasado por la cabeza, lo que explica en parte el impacto que tuvo".
En efecto, la confesión del convencional obliga a la Convención Constitucional —instalada en julio de 2021 e integrada por 155 miembros— a resolver de inmediato sobre lo que Atria consideró "una demanda pública urgente de que (Rojas Vade) salga de la Convención, porque ya es insostenible que se mantenga".
4 de septiembre 2021, 00:51 GMT
Pero a pesar de la unanimidad en el rechazo a Rojas Vade, el camino para apartarlo de la Convención no parece sencillo. Atria explicó que los convencionales tienen un régimen similar al de los parlamentarios chilenos, por lo que "no es tan claro que pueda dejar su cargo con una sola renuncia".
Atria explicó que en Chile los parlamentarios y los convencionales no son elegidos con suplentes respectivos. De esta forma, en caso de vacancia de un curul, su respectivo suplente es designado por el partido político que integra o por el partido político que respaldó su candidatura como independiente.
El problema aparece en el caso de los candidatos totalmente independientes que ingresaron a la Convención Constitucional, como el caso de Rojas Vade, que llegó al órgano a través de la Lista del Pueblo, una agrupación de dirigentes independientes surgidos del estallido social. Al no tener un partido detrás que escoja un suplente, la vacancia de uno de estos dirigentes provoca un vacío en el cuerpo.
"Si el convencional Rojas Vade se sale de su cargo por alguna razón, si hubiera alguna renuncia posible, implicaría que no será reemplazado y eso alteraría la representatividad de la Convención", explicó Atria.
Según Atria, una manera de resolver esto es introducir una modificación en la actual Constitución chilena, algo que no está en manos de la Convención Constitucional encargada de redactar la próxima carta magna. Para el líder de Fuerza Común, la responsabilidad por corregir las formas de sustituir a parlamentarios y convencionales le corresponde al presidente y Congreso actual.
El convencional, abogado de profesión, consideró también que los convencionales no pueden renunciar por su propia voluntad producto de que representan a un electorado que, de apartarse de la convención, quedarían sin representación. Asimismo, tampoco pueden los otros convencionales decidir una expulsión, ya que "un órgano compuesto por elección popular no puede decidir sobre su propia integración porque cada uno de sus miembros está ahí porque ganó una elección".
A ese proceso podría sumarse las posibles implicancias legales de la falsificación del diagnóstico de leucemia en la que incurrió Rojas Vade. Según consignaron medios chilenos, el convencional incluyó una deuda atribuida a un "tratamiento oncológico" que en realidad no recibió. Asimismo, también habría organizado campañas de donaciones para poder costear esos gastos. Según Atria, que no tiene confirmación oficial de estas presunciones, en base a estas informaciones el convencional podría haber incurrido en delitos como "perjurio" o "defraudación".
El camino de una denuncia penal contra Rojas Vade podría motivar su suspensión de la Convención, pero solo después de que una corte de apelaciones autorice la formación de causa y solicite su desafuero.
¿Cómo impacta el caso Rojas Vade a la Convención Constitucional?
Más allá del estruendo mediático provocado por la noticia, Atria sostuvo que el caso de Rojas Vade "no tiene la envergadura" para desacreditar el trabajo de la Convención. De todos modos, para que el cuerpo no salga dañado a partir del episodio "es importante que de alguna manera se produzca el cese de su cargo".
"Si (Rojas Vade) se mantuviera en su cargo creo que sí tendría el potencial para afectar a la Convención, que ahora es la cuestión más importante a atender", opinó.
Para Atria, el episodio también puede servir para comprender la diferencia entre los candidatos independientes y los que tienen un partido político de respaldo.
"Que un candidato sea presentado por un partido implica una responsabilidad que no se extingue en el propio candidato. Si este escándalo hubiera surgido de un candidato partidario entonces ese partido habría tenido que salir a dar explicaciones", afirmó.
Según Atria, la existencia de partidos detrás de los candidatos otorga "un mayor control ciudadano" de los candidatos, ya que las formaciones políticas deben cumplir ciertos "estándares" éticos que muchas veces no se aplican a empresas o individuos.
En contrapartida, reconoció que la existencia de candidatos independientes en Chile está sustentada en la "deslegitimación" que sufre los partidos políticos. "No es que sea mejor que no haya candidatos independientes pero esto sí demuestra que un sistema democrático que cuestiona a los partidos se enfrenta a este tipo de problemas de responsabilidad política", añadió.
Por el costado del escándalo, Atria se mostró optimista en relación al trabajo que la Convención Constitucional lleva hecho en sus primeros tres meses de funcionamiento. Según el convencional, el órgano se encuentra dando los últimos detalles para aprobar su reglamento en septiembre, lo que le permitiría comenzar en octubre la discusión propiamente constitucional.