"A partir de hoy, en nuestro barrio el tren no pasa más". Con esta sentencia, escrita desde el dolor y la bronca en un comunicado conjunto publicado por organizaciones sociales con presencia en la
Villa 21-24, los vecinos responsabilizaron al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Transporte nacional y a la empresa Ferrosur por lo que no puede ser llamado otra cosa que una muerte anunciada.
Sofía Luján Caballero, de 15 años, caminaba el viernes 20 de agosto junto a su hermano de tres años por el callejón del barrio popular porteño, callejón por el que solo cabe el tren cuando pasa, dos veces al día, a centímetros de las viviendas y en horario compatible con el ingreso y salida de las escuelas. Sofía tropezó cuando el tren se acercaba y solo alcanzó a empujar a su hermano a un costado para evitar que sufra su misma suerte.
La Villa 21-24 es el barrio popular porteño de mayor extensión, el más poblado y el que registra peores condiciones socioeconómicas entre todos aquellos de la ciudad de Buenos Aires. Es el área más pobre de la capital argentina, tiene más de 45.000 habitantes, y está ubicada entre los barrios de Barracas y Pompeya, en la zona sur de la metrópolis.
Las vías cruzan por el medio del barrio, sin ninguna medida de seguridad, provenientes desde la terminal de cargas ubicada algunos metros al norte, para luego continuar su curso a través de un puente que cruza el
Río Matanza-Riachuelo, línea divisoria que hace de margen del sur de la ciudad. Los vecinos levantaron secciones de las vías para asegurarse que sea imposible la continuidad del transporte.
"Esta es una problemática que tiene el barrio hace muchos años, donde nadie ofrece una solución. A raíz del accidente, los vecinos enfurecidos salimos a cortar las vías para exigir que el tren no pase más. Es la segunda vida que se cobra, hace unos años murió un carrero, y siempre hay lesiones de vecinos y vecinas. Esperamos una relocalización de quienes viven en el borde de las vías", militante y referente de la organización popular Barrios de Pie, vecina del barrio San Blas dentro de la 21-24.
Las vecinas comentaron que hay un solo puesto de seguridad para controlar el paso del tren, pero ni aún con más puestos se puede garantizar que no haya accidentes. Aseguraron que ningún responsable gubernamental se acercó a hablar con la familia damnificada ni para ofrecer respuestas a la comunidad.
Organizaciones de vecinos realizaron un reclamo por viviendas dignas posterior a la tragedia, que derivó en una toma de terrenos ferroviarios nacionales cercanos, en el que se instalaron 160 familias. Seina aseguró que la toma fue impulsada por motivaciones políticas por punteros de la oposición a nivel nacional en el marco de la campaña electoral, aunque aseguró que las demandas habitacionales de las familias son legítimas.