"Se han publicado versiones de autoridades mexicanas que hablan de caravanas que van hacia EEUU, lo cierto es que no es así, porque esas personas han salido en tres grupos de Tapachula, y no todas están buscando llegar a la frontera norte", dijo la representante del Instituto para las Mujeres en la Migración, (Imumi), Miriam González.
Agentes de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) desplegaron varios operativos esta semana para contener a los migrantes en el estado de Chiapas, donde la mayoría tiene derecho a estar, porque tienen visas humanitarias que les permiten permanecer en ese estado del sureste.
Sin embargo, fueron golpeados, detenidos y deportados en una ruta hasta Mapastepec, Chiapas, a 105 kilómetros de la frontera, según denuncias de organizaciones civiles, documentadas y difundidas en redes sociales con fotografías y vídeos desgarradores de niñas y mujeres maltratadas.
La mayoría de los migrantes son haitianos, pero también marcharon centroamericanos, sobre todo hondureños, y además hay venezolanos.
"Algunas personas llevan entre ocho meses y dos años en Tapachula, en condiciones precarias, en las calles, sin que les resuelvan su situación migratoria, y muchas tienen un documento de estancia regular en el país", explica la experta sobre la desesperación de esa población.
Otros migrantes ya han sido reconocidos como "personas refugiadas", o tienen constancias de que sus solicitudes están en proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
González señala que "una vez que tienen un documento de reconocimiento son autorizadas a permanecer en el estado donde lo tramitaron, en este caso no han salido de Chiapas".
Fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que el INM y la Guardia Nacional realizan acciones de "contención" de quienes pagan a traficantes de personas para llegar a la frontera sur de EEUU.
El jefe de Estado anunció además que enviaría la próxima semana una misiva a su homólogo estadounidense Joe Biden, para que financie la exportación a Centroamérica de los programas sociales mexicanos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
Contención represiva
"La represión ha sido brutal por parte del INM y la Guardia Nacional, todo ha quedado en evidencia", denuncia el Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH de la migración en el sureste mexicano, un red integrada por 15 organizaciones civiles.
"Vamos acompañando a los grupos y documentando lo que va sucediendo en redes sociales", relata González a esta agencia vía telefónica.
Las autoridades no ofrecen cifras de personas detenidas, lesionadas y deportadas.
"Es complejo dar números exactos de personas detenidas y deportadas, porque los grupos se van dispersando", explica la entrevistada.
En algunos momentos, las autoridades dejaron avanzar a algunos grupos por las garitas de control del INM, como el tercer grupo que salió de Tapachula el martes pasado.
Pero era una celada: "en el siguiente poblado comenzó la cacería hasta acorralarlos con violencia", relata González.
Más allá de las cifras, la defensora del Imumi considera que estos eventos se deben a que México no ofrece alternativas que están en su propia ley.
Menciona, por ejemplo, las "tarjetas de visitantes por razones humanitarias" para personas haitianas, justificadas por el reciente terremoto, la violencia criminal y la crisis política por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, pero el INM no las ofrece.
Algunas familias pueden regularizarse porque tienen hijos nacidos en México, otros cuentan con ofertas de trabajo, que les da derecho a visas temporales, y otras necesitan protección internacional.
¿Qué quieren?
"Lo que buscan en estos recorridos dentro de Chiapas es manifestarse para que les den soluciones que no han recibido en dos años, tener empleo, dónde vivir y educar a sus hijos, porque en Tapachula viven desamparados en condición de calle", resume González.
La defensora critica al Gobierno por enfocar su discurso en retratar una caravana que quiere llegar a EEUU, como las anteriores originadas en Honduras.
"Es falso, la verdad es que el INM no ha ofrecido respuestas durante dos años en Tapachula, allí mantiene a esas personas encapsuladas, sin oportunidades de trabajo, ni vida digna, sin lo mínimo, un lugar donde dormir o dar de comer a sus hijos e hijas", afirma.
La impunidad de los agentes migratorios no solo se refiere los migrantes pateados en el suelo, cargando a sus hijos, que reconoció López Obrador, anunciando dos destituciones.
"México ha levantado un muro institucional que obliga a las personas a usar estrategias que les ponen en más riesgo que la violencia institucional", denuncia la red.
El colectivo documentó conmovedoras escenas de dolor, decepción y miedo.
En julio pasado, el éxodo se disparó a un máximo histórico de 212.000 personas detenidas por EEUU en su frontera sur.