"Liberaron a nuestra compañera", anunció en las redes sociales la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
La profesional, que realizó la práctica en el Hospital Juan Domingo Perón de la localidad de Tartagal, consintió en efectuar el aborto debido a que estaba en peligro la salud de la mujer gestante.
Esta es una de las causales por las que se autoriza la ILE en Argentina, de acuerdo al Código Penal de 1921, que además la permite en caso de violación.
Según la Red de Profesionales, su colega procedió "desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente".
Diversos colectivos feministas, como la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se movilizaron al conocer la detención de la médica, con concentraciones en la Casa de la provincia de Salta en la ciudad de Buenos Aires.
También hubo manifestaciones en la propia ciudad de Salta, donde fue convocado un pañuelazo frente al Ministerio Público Fiscal y frente al Hospital Público Materno Infantil.
La detención de la médica fue solicitada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta.
29 de enero 2021, 13:59 GMT
El Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ratificó que la profesional ahora liberada se rigió por el marco normativo vigente.
"A raíz de esta detención, Tartagal se queda sin médicos que no sean objetores de conciencia, obstaculizando así el derecho de las personas gestantes del lugar a disponer de sus propios cuerpos", alertó el INADI.
La médica había sido denunciada por la concejala Claudia Subelza, que difundió información falsa sobre el caso a fin de "amedrentar a quienes garantizan derechos, exponiendo además los datos personales de la joven en cuestión", según la Red de Profesionales.
La agrupación cuestionó al abogado patrocinador de los denunciantes, llamado Andrés Rambert Ríos, que también es defensor de un médico, Marcelo Cornejo, imputado por abusar de una menor en ejercicio de su función como ginecólogo.
Cornejo fue denunciado por la médica detenida, recuerda la Red.
Salta se adhirió en 2018 al Protocolo nacional de ILE que estableció el Ministerio de Salud tres años antes.
En el país sudamericano rige una ley, sancionada en diciembre de 2019, que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.