"Roskomnadzor ha exigido a AppStore y Google Play que dejen de distribuir la aplicación de la organización declarada como extremista y prohibida en Rusia", dice el comunicado del organismo.
La nota indica que la solicitud correspondiente fue enviada a Apple y Google sobre la base de la exigencia de la Fiscalía General de Rusia.
Si las compañías no cumplen con la solicitud del regulador ruso, indica el texto, se les aplicarán penas administrativas, mientras la falta de una acción podría considerarse como injerencia "en las elecciones de la Federación de Rusia".
En junio, el Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró a la FBK como organización extremista y prohibió su actividad en el territorio ruso.
Las mismas medidas se dictaron contra otra ONG vinculada a Navalni, la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos, también etiquetada como agente extranjero en Rusia, y a la red de oficinas regionales del bloguero opositor (Shtabi Naválnogo, por su nombre en ruso).
Según la Fiscalía, las ONG de Navalni buscaban la desestabilización social y política de Rusia y tenían por objetivo cambiar el orden constitucional del país, en particular mediante manifestaciones ilegales y a través de un guion dirigido a implementar "revoluciones de colores".
Caso Navalni
El 2 de febrero una corte revocó la libertad condicional a Navalni. Fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario.
A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de Kirovles.
Occidente exige su liberación inmediata.
En agosto de 2020, Navalni se sintió mal durante un vuelo, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Laboratorios europeos determinaron que había sido envenenado con un tóxico del grupo Novichok.
Moscú calificó de infundada la versión sobre el envenenamiento de Navalni.
La defensa de la FBK presentó en julio un recurso de apelación, insistiendo en que las acusaciones de la Fiscalía son infundadas: el cambio de poder es un principio básico de la Constitución, la Carta Magna garantiza el derecho a manifestaciones pacíficas, mientras que el concepto de "revolución de colores" no es jurídico por lo cual no puede utilizarse como argumento en el pleito.
Sin embargo, un tribunal de Moscú rechazó esta apelación.