"Casanello decidió enviar el caso a la justicia de San Isidro", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El magistrado, que había delegado el caso en el fiscal Ramiro González, declaró su incompetencia territorial al advertir que los hechos deben ser investigados por el juez del lugar donde sucedieron.
Dado que la residencia presidencial se encuentra en el municipio bonaerense de Olivos, el ámbito competente es la justicia federal de San Isidro.
Casanello dispuso entonces que la causa pase al juzgado de San Isidro "que por turno corresponda".
Ese juzgado sería el que está a cargo del juez Lino Mirabelli, pero una colega de este magistrado, Sandra Arroyo Salgado, pidió ver la causa por haber recibido una denuncia relativa al caso.
Esta magistrada cobró notoriedad por ser la expareja, y madre de las hijas, del fiscal fallecido Alberto Nisman, quien denunció cuatro días antes de morir, en 2015, a la entonces presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), por supuesto encubrimiento de altos cargos iraníes sospechosos de la justicia argentina de estar detrás del ataque a la mutual judía.
El fiscal Ramiro González imputó hasta el momento al presidente, a la primera dama y a otras nueve personas que asistieron a aquella reunión social, celebrada cuando regía en todo el país el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por el Gobierno.
Horas antes de conocerse su imputación, Fernández acudió ante la Justicia, sin la intermediación de un abogado, para ofrecer la mitad de su sueldo al Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán durante cuatro meses como gesto de reparación.
Las medidas que tomó el fiscal se circunscriben a la causa que se abrió a raíz de una denuncia de políticos del opositor partido Republicanos Unidos tras conocerse las visitas a Olivos que realizaron el año pasado la exmodelo Sofía Pacchi y la actriz Florencia Peña, entre otras personas.
De acuerdo a un decreto presidencial emitido en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia regía un confinamiento estricto del que solo estaban exceptuados los trabajadores esenciales.
El caso ha significado un duro golpe para el Gobierno, a días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se celebrarán el próximo 12 de septiembre de cara a los comicios legislativos de noviembre.