"Abstenerse de realizar audiencia de formulación de imputación en el caso del general en retiro Mario Montoya Uribe, según convocatoria realizada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia por los punibles de homicidio agravado, ocultamiento y alteración de elementos materiales probatorios, en el denominado caso de falsos positivos que actualmente es conocido por la JEP (Jurisdicción Especial de Paz, justicia transicional) donde se ha sometido voluntariamente", señaló el Tribunal en su decisión.
La decisión concluyó que la Fiscalía tiene un poder limitado para hacer una imputación de cargos o una acusación a Montoya, ya que el poder preferente lo tiene la JEP, a la cual se acogió el militar en el año 2018.
Asimismo, consideró que de haberse dado el aval a la Fiscalía para que le imputara los cargos al militar, se le estarían vulnerando sus derechos, ya que Montoya habría sido juzgado dos veces por los mismos hechos, tanto en la justicia ordinaria como en la justicia transicional.
28 de agosto 2021, 00:22 GMT
Sin embargo, el Tribunal consideró en su decisión que la Fiscalía sí puede avanzar en las investigaciones que comprometen a Montoya, pero no le es debido avanzar en diligencias como la imputación de cargos ante la justicia ordinaria.
De acuerdo con los elementos de prueba, Montoya, mientras se desempeñó como comandante del Ejército Nacional, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante general de las Fuerzas Militares en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las detenciones, sobre las muertes en combate.
Según la Fiscalía, también hay indicios de que en su cargo como comandante del Ejército, Montoya habría promovido maniobras para evitar que quedaran en evidencia sus instrucciones.
Por tales motivos el organismo preveía imputarle los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Los "falsos positivos" fue una práctica recurrente en algunos integrantes del Ejército, quienes asesinaros a civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate y obtener privilegios, como ascensos y compensatorios.
Según la JEP, 6.402 personas fallecieron en Colombia de esta forma entre 2002 y 2008, una cifra mucho mayor que la señalada por la Fiscalía, que sostiene que son 2.000 los "falsos positivos".