Apenas ayer, el 26 de agosto, el exlíder del PAN compareció por videoconferencia en la audiencia a la que fue citado para que la FGR le impute los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Sin embargo, la sesión fue cancelada por el juez después de que Anaya acreditara que la FGR no ha dado, ni a él ni a sus abogados, acceso a la carpeta de investigación.
26 de agosto 2021, 14:46 GMT
Durante dicha audiencia, el Ministerio Público alertó al juez de que el político no se encontraba en territorio nacional, así que se le advirtió que en la próxima sesión, que también será por videoconferencia, debe estar en México.
La audiencia del panista fue reprogramada para el próximo 4 de octubre y en caso de que no regrese al país, se podrá solicitar una orden de aprehensión en su contra.
¿Qué dice el Instituto Nacional de Migración?
La salida de Anaya hacia EEUU también fue confirmada por el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual aseguró que viajó en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Reynosa, Tamaulipas, el pasado 5 de julio.
A través de redes sociales, el Instituto señaló que, a la fecha, ninguna autoridad ha solicitado alerta migratoria en contra del excandidato presidencial.
Dos panoramas
Si Ricardo Anaya atiende la orden del juez y en la próxima audiencia se conecta desde algún punto de territorio nacional, la FGR podría solicitar la prisión preventiva por riesgo de fuga, y si ésta se concede, el acusado tendría 48 horas para internarse voluntariamente en prisión.
Sin embargo, si ignora el mandamiento judicial podría liberarse una orden de captura, se convertiría en prófugo de la justicia y se activarían los mecanismos de búsqueda internacional, incluida la Ficha Roja de la Interpol.
Acusaciones en su contra
La FGR asegura que Ricardo Anaya recibió 6,8 millones de pesos, en 2014, a cambio de votar a favor a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.Dice que hay evidencia de su participación en "una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido".