"Creo que estamos ante un caso claro de nulidad; así como la Corte brasilera absolvió a Lula por las interferencias del poder político, en este caso corresponde dictar un sobreseimiento para todos y todas las personas que han sido injustamente acusadas", refirió el letrado.
El defensor de la vicepresidenta exhortó al tribunal a dictar un fallo histórico y "cerrar un expediente tan vergonzoso como es el del Memorándum".
Beraldi aludió así al caso que se desprende del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.
Por ello apeló a la "extraordinaria oportunidad histórica que tienen los señores jueces de empezar a terminar con prácticas que tanta falta de credibilidad le han ocasionado al poder judicial".
Cuestionamientos
Hace unas semanas, la expresidenta solicitó la nulidad del caso tras conocerse que dos jueces de la Cámara Federal e Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, visitaron al Macri en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, en la Casa Rosada.
Estos dos magistrados, tras excusarse en un principio de intervenir en la causa, reabrieron el caso desestimado en todas las instancias judiciales.
La decisión del Gobierno de Macri de reabrir el expediente fue "acatada" por los magistrados, sostuvo Beraldi.
La querella es impulsada en la actualidad por una de las entidades judías más poderosas del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
Durante su intervención, el abogado lamentó que ni esta organización ni los familiares del atentado a la AMIA que son querellantes asistieron a las audiencias.
18 de agosto 2021, 13:58 GMT
El Tribunal Oral Federal 8 se pronunciará en los próximos días sobre el pedido de nulidad que formuló Fernández de Kirchner junto con los imputados en el caso.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó a Cristina Fernández en 2015, cuatro días antes de morir, de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
La denuncia contra la entonces mandataria se basaba en un memorando de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.
El tribunal federal deberá decidir en los próximos días si anula el caso, como pidieron los procesados, o continúa con el expediente.