"Al menos cuarenta oficiales asignados a la guardia presidencial han huido del país. Esto expone la incompetencia de las autoridades", aseguró sin mostrar pruebas el coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Esperánce.
El activista aseveró a Radio Kiskeya que las organizaciones de la sociedad civil tienen dificultades para avanzar en una indagación independiente, debido a la falta de información disponible y la evasiva de las autoridades.
El 26 de julio, la Policía confirmó que al menos seis personas se encuentran prófugos de la justicia, entre ellas la antigua jueza del tribunal de Casación Wendelle Coq, y el exsenador John Joel Joseph.
Hasta ahora, por el magnicidio fueron arrestadas 27 personas, entre ellas 18 colombianos que se encuentran en buen estado de salud, según confirmó la cancillería del país suramericano.
También permanece bajo custodia policial el comisionado Jean Raguel Civil, uno de los responsables de seguridad presidencial junto con otros dos policías y cinco estadounidenses de origen haitiano.
Sin embargo, las autoridades continúan sin aclarar el rol desempeñado por la guardia presidencial durante el ataque a la residencia privada del mandatario en la madrugada del 7 de julio, y rechazan mostrar las imágenes de la casa de vigilancia.
Tres semanas después del asesinato, la investigación parece avanzar lentamente, mientras jueces y empleados judiciales relacionados con la indagación reciben amenazas de muerte y buscan refugio.