Las ciudades comunales, de acuerdo con el Ejecutivo, buscan crear nuevas relaciones de producción, así como un nuevo modelo organizativo, social y productivo para la diversificación de la economía en los territorios.
Aunque esa figura no aparece en la Constitución, y los venezolanos la rechazaron en el referéndum constitucional de 2007, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de un nuevo modelo de gestión "porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad".
En ese sentido, la diputada Gabriela Peña, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en conversación con Sputnik indicó que las ciudades comunales son una instancia establecida en la Ley Orgánica del Poder Popular.
"Nuestra ley establece los consejos comunales (una forma de organización de la comunidad, donde el mismo pueblo es quien formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas), las comunas y las ciudades comunales. En ese mismo orden nos hemos constituido", señaló.
En todo el territorio venezolano existen 4.200 comunas y 45.095 consejos comunales.
Peña, exministra de Agricultura Urbana, explicó que cada ciudad comunal estará conformada por comunas, y cada una contará a su vez con seis instancias para autogobernarse, entre ellas el Banco de la Comuna, donde serán administrados los recursos.
Por su parte, el diputado Saúl Ortega, integrante de la comisión de Política Exterior del parlamento, manifestó que el Gobierno busca darle mayor integración a los ciudadanos como parte de la democracia participativa.
"Es la oportunidad de darle competencia al nivel más local en el cual los niveles de Gobierno tanto nacional, regional y municipal apuesten a la autogestión dentro del territorio de la propia comunidad en competencia que son atribuibles y ejercidas de manera eficiente y con los controles y participación democrática de la población", indicó Ortega.
Amenaza
El proyecto de ciudades comunales fue presentado por Maduro a la Asamblea Nacional en febrero pasado. Cuatro meses después, 123 organizaciones no gubernamentales lo rechazaron al considerarlo una "grave amenaza contra el Estado democrático".
El abogado Juan Manuel Raffalli, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo en conversación con Sputnik que la conformación de las ciudades comunales crea un Estado paralelo, al no estar contempladas en la Constitución.
"Ese estado comunal es un Estado paralelo; las ciudades comunales no están previstas en la organización territorial de la República. La Constitución habla de comunidades, no de ciudades o parlamentos comunales. El poder está distribuido en estados, municipios y poder público nacional y en ninguna parte figuran las ciudades comunales como órgano o poder público", señaló.
13 de abril 2021, 21:37 GMT
Los sectores contrarios al Gobierno han dicho que el proyecto eliminará las competencias y autonomía en los municipios y gobernaciones.
Por ello, Raffalli dijo que se trata de un nuevo poder público que va a absorber los fondos de alcaldías y gobernaciones, para que se queden con el control en espacios de desarrollo exclusivamente socialistas.
Por su parte, Peña aseguró que a través de las ciudades comunales se gestarán los mecanismos para trabajar articuladamente con las alcaldías y las gobernaciones de manera "transparente y coordinada", y no se va a eliminar ningún organismo público, sino que por el contrario "trascenderá desde un nuevo modelo de gobierno".
La Ley de Ciudades Comunales consta de cinco capítulos y 83 artículos.
Hasta el momento, el parlamento ha aprobado 10 de sus artículos en segunda discusión, y ya existen 200 propuestas para la conformación de ciudades comunales.