"El Gobierno reconoce a Guaidó, y solo a Guaidó, como presidente de Venezuela", sostuvo su representante legal en la vista pública del recurso ante el Supremo, que comenzó este 19 de julio en Londres.
La Corte de Apelación dejó abierta, en su sentencia del pasado octubre, la posibilidad de que el Ejecutivo del Reino Unido reconozca a Nicolás Maduro como "presidente de hecho" y a Guaidó como "presidente de derecho".
La Cancillería británica reiteró en un comunicado que el "Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y consecuentemente es el único individuo reconocido que tiene la autoridad de actuar en nombre de Venezuela como jefe de Estado".
Raab también especificó, a través de sus abogados, que "no reconoce" formalmente al presidente Maduro en ninguna capacidad de poder estatal.
La defensa de la junta del Banco de Venezuela designada por el presidente chavista sostiene que la "nueva y limitada" posición declarada por el Gobierno conservador no tiene en cuenta la realidad doméstica venezolana ni quien retiene el "control efectivo del Gobierno" de Caracas.
El equipo legal de Maduro hace referencia, en particular, a las relaciones diplomáticas que siguen activas a través de las respectivas misiones en Londres y Caracas y al hecho de que el Gobierno británico rechazó acreditar formalmente a la "emisaria" de Guaidó en el Reino Unido, Vanessa Neumann.
A su vez, el abogado del bando opositor, Timothy Otty, defendió al respecto que el certificado de reconocimiento de la cancillería es "concluyente" y los tribunales de Justicia no deberían cuestionar el alcance de su contenido ni el "contexto" en que se efectuó.
Aún así, el letrado justificó en "razones prácticas" la continuidad de las relaciones diplomáticas con el Gobierno chavista después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino en 2019.
"Que para el Gobierno de su Majestad [del Reino Unido] haya sido necesario por razones prácticas tratar con elementos del régimen de Maduro respecto a algunas funciones esenciales no socava su posición en reconocimiento", sostuvo.
Por el contrario, añadió Otty en su alegato, "la negativa a lidiar directamente con el señor Maduro subraya la posición del Reino Unido de que ya no le considera jefe del Estado venezolano".
El recurso ante el Supremo enfrenta al consejo de Administración del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrado por Maduro con una "junta adhoc" de la misma entidad designada por Guaidó.
Ambas partes reclaman la autoridad sobre los estimados 1.600 millones de euros en reservas del Estado venezolano que la Administración de Hugo Chávez depositó en el Banco de Inglaterra hace más de una década.
El despacho neoyorquino Arnold & Porter asesora al equipo de Guaidó y, en la sesión de la tarde, uno de los cuatro abogados que les representa en el recurso, Andrew Fulton, defendió la legitimidad de la junta paralela que el dirigente opositor formó bajo el amparo de su posición como presidente de la ya extinta Asamblea Nacional y el Estatuto de Transición democrática.
El letrado argumentó que la designación de los directivos y otros decretos de Guaidó son "actos soberanos" que el Supremo y el resto de los tribunales británicos "han de tratar como válidos" sin abordar su contexto ni tener en consideración su legalidad o ilegalidad en Venezuela.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado "nulos e inválidos" los nombramientos y actos del autoproclamado presidente interino, lo cual llevó al presidente del máximo tribunal británico, el lord juez Robert Reed, y su colega lord George Leggatt a cuestionar este punto del caso de los apelantes.
Fulton insistió en que las decisiones judiciales venezolanas son "asuntos domésticos" e "irrelevantes" para los jueces ingleses llamados a dirimir quien tiene la autoridad, Maduro o Guaidó, para acceder al oro depositado en el Banco de Inglaterra.
"Es una cuestión muy problemática para un juez que preside un caso en Londres y cuya inclinación natural le llevaría a diferirla a la corte constitucional extranjera que se pronunció sobre su propia constitución", explicó a Sputnik Leigh Crestohl, socio de Zaillawa, el despacho que asesora al consejo del BCV nombrado por Maduro.
La resolución de la disputa afectará también a unos adicionales 125 millones de dólares que están oficialmente retenidos en el Reino Unido a raíz de una abortada operación comercial del BCV gestionada por Deutsche Bank.
La Administración chavista quiere destinar unos 1.000 millones de los disputados recursos financieros a programas contra la pandemia de coronavirus que se canalizarían a través de la ONU, según aseguran sus abogados.
Cinco jueces lores atienden esta fase del proceso de apelación en sesiones orales que podrían prolongarse hasta el jueves 22 de julio.