"Los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, ingresaron a la Corte Constitucional del Ecuador una demanda de desclasificación de la información en lo relacionado al secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico ocurrido en marzo y abril de 2018", dijeron las familias de las víctimas en un comunicado.
Según el texto, esta decisión se tomó después de que en febrero de este año el Consejo de Seguridad Pública de Ecuador (Cosepe) comunicó a la Fiscalía que no entregaría las actas de las reuniones mantenidas por dicha instancia los días 28 de marzo, 13 y 17 de abril de 2018.
El comunicado añade que la negativa contradice el ofrecimiento público que hizo el entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) de entregar toda la información reservada sobre los hechos.
La demanda cuenta con el patrocinio legal de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), y tiene como fundamento normas constitucionales que establecen que en caso de violación a los derechos humanos ninguna entidad pública puede negar la información requerida.
El documento también recoge las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado ecuatoriano sobre la urgencia y necesidad de desclasificación de la información.
El secuestro y posterior asesinato al equipo de El Comercio es atribuido a la organización Oliver Sinisterra, disidente de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).