La reforma de la reforma
Así podría titularse este capítulo de las pensiones en España. Y es que la nueva reforma que asoma en el horizonte de los pensionistas en el país ibérico, es una reforma de la reforma que implantó el 'popular' Mariano Rajoy en el año 2013 durante su estancia en La Moncloa.
De acuerdo a Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España [UGT], lo que va quedando son unos 'flecos sueltos' de la 'primera pata' de estas reformas que han sido condicionadas desde el minuto uno a que fuera retirado el factor de sostenibilidad, según abundó.
"Estas son dos modificaciones que son positivas en el sentido de que eliminan dos elementos claramente regresivos respecto a las pensiones públicas en España. Son dos elementos que se habían introducido en la anterior modificación realizada por el Partido Popular [PP] en los que se establecía una serie de límites a la revalorización de las pensiones de tal manera que las pensiones podían perder poder adquisitivo año a año, al revalorizarse por debajo del Índice de Precios al Consumo [IPC], es decir, por debajo de la inflación", señala al respecto el economista José Luis Carretero Miramar.
Jubilación anticipada: la letra chica
Pero todo esto no queda allí. El nuevo texto también modifica el procedimiento de pedido de la jubilación anticipada por razón de la actividad y reforma la regulación de la jubilación anticipada no imputable al trabajador, es decir, involuntaria. Para poder acceder a ella se exigirá tener cumplida una edad como máximo inferior en cuatro años a la edad legal de jubilación aplicable en cada caso; encontrarse inscrito como demandante de empleo y acreditar un periodo de cotización efectiva de 33 años.
Las correspondientes jubilaciones anticipadas contemplarán una serie de coeficientes reductores que oscilarán desde el 0,50% de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados 44 años y seis meses o más hasta el 30% de reducción, que se aplicará por adelantar la jubilación cuatro años, si el periodo de cotización es inferior a 38 años y seis meses.
Carretero Miramar echa luz sobre estos números. Señala que actualmente el pago de las pensiones se rige por el Pacto de Toledo que implica un sistema de separación de fuentes, que implica que se pretende que las pensiones públicas se paguen íntegramente con las cotizaciones a la Seguridad Social que realizan los trabajadores en el marco de su vida laboral. "Es decir, no se pagan con fondos públicos generales, sino que se pagan directamente con las propias cotizaciones de los trabajadores y de empresas al sistema de Seguridad Social".
Este sistema de reparto "podría implicar un problema en relación con el tema de la transformación demográfica que está sufriendo toda Europa Occidental, y muy señaladamente España, en las últimas décadas. Es una pirámide demográfica que se está invirtiendo: cada vez hay menos jóvenes, por lo tanto menos gente cotizando y cada vez hay más gente mayor proporcionalmente dentro de la población. Es decir, que cada vez va a haber más jubilados y menos gente cotizando. Este es el problema que implicaría un problema a la hora de pagar las pensiones públicas de cara al futuro", concluye al respecto José Luis Carretero Miramar.