"Vamos a presentar en las próximas horas la solicitud formal de cesación de la detención preventiva, presentando argumentos y pruebas de que no hay riesgo alguno de fuga de los dos excomandantes, que es el riesgo procesal por el cual se los ha detenido", dijo a reporteros el abogado Jorge Santistevan.
La fiscalía prevé completar hasta septiembre la investigación para el juicio por el golpe de 2019, en el cual la principal acusada es la expresidente transtoria Jeanine Áñez (noviembre 2019-noviembre 2020), detenida también preventivamente desde marzo pasado.
Tras el encarcelamiento de Terceros y Jarjuri, los exjefes militares de más alto rango detenidos por ahora en el proceso, los fiscales investigadores confirmaron que convocarán esta semana a asesores de políticos de derecha que participaron en la instalación del Gobierno de Áñez.
17 de marzo 2021, 00:17 GMT
Aprehendidos el sábado 3 de julio, los excomandantes fueron cautelados al día siguiente por una jueza de La Paz que dispuso prisión prejudicial de cuatro meses: Terceros en el penal de Palmasola (Santa Cruz, este) y Jarjuri en la cárcel del pueblo altiplánico de Patacamaya (La Paz).
Santistevan dijo que aparte de garantizar la presencia de los excomandantes en todo el proceso, estaba en condiciones de demostrar que ellos no participaron en el derrocamiento de Morales, que siguió a protestas callejeras y una "sugerencia" de renuncia hecha por el comandante en Jefe, Williams Kaliman.
Los excomandantes están acusados de terrorismo, sedición y organización criminal, similares a los que enfrentan Áñez y otros detenidos, incluidos exministros y exjefes militares de rango medio.
La fiscalía, por separado, dijo que espera recibir esta semana declaraciones, en calidad de testigos, de los asesores políticos Jerjes Justiniano, del exlíder cívico Luis Fernando Camacho; Ricardo Paz y José Antonio Quiroga, del expresidente Carlos Mesa; Luis Vásquez, del expresidente Jorge Quiroga, y el exdiputado Roberto Moscoso.
Estos asesores han sido mencionados en un polémico informe de la Iglesia católica como actores directos de las negociaciones que sellaron la caída de Morales y el ascenso de Áñez.
El expresidente Mesa, quien negó públicamente que los sucesos de noviembre de 2019 hayan sido un golpe de Estado, fue el primer testigo convocado a declarar pero se negó a responder a las preguntas de los fiscales señalando que no quería incriminarse.
Previamente, declararon en respaldo de la denuncia de golpe la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quienes renunciaron durante la crisis.
A ellos se sumó, con un testimonio parecido, la exvicepresidenta de Diputados, Susana Rivero.