"Jueces ratifican la audiencia pública pedida por la vicepresidenta" informaron fuentes judiciales a los que accedió esta agencia.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 8 rechazaron retirarse de la causa al negar un pedido presentado por familiares de víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas.
El tribunal oral desestimó otro pedido de la querella para "no continuar con la actividad probatoria ya dispuesta".
De esta manera, conformó la convocatoria de una audiencia pública solicitada por la vicepresidenta para analizar esos planteos.
Recusaciones
Los familiares de víctimas también quisieron recusar al fiscal del caso, Marcelo Colombo.
La querella también la integra una de las organizaciones judías que impulsa esta causa, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que rechazó, por su parte, la decisión del tribunal de habilitar la audiencia solicitada por Fernández de Kirchner.
La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, decidirá sobre el pedido de recusación.
La vicepresidenta cuestionó la falta de imparcialidad de los jueces de Casación que intervinieron en la reapertura de la causa, que había sido desestimada en todas las instancias judiciales.
El pasado 1 de junio el fiscal federal Marcelo Colombo se pronunció a favor de la solicitud presentada por la ex jefa de Estado para realizar una audiencia oral, a fin de pedir la nulidad de la causa que investiga el Memorándum con Irán firmado durante su gestión.
La expresidenta solicitó la nulidad del caso tras conocerse que dos jueces de la Cámara Federal de Casación visitaron al exmandatario Mauricio Macri (2015-2019) en la residencia presidencial, en el municipio bonaerense de Olivos, y en la sede de Gobierno, en la Casa Rosada.
Como responsable de la Unidad Fiscal de Investigación encargada de esclarecer el atentado de 1994 a la sede de la AMIA, el fiscal fallecido Alberto Nisman acusó cuatro días antes de morir a Cristina Fernández de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del ataque.
24 de enero 2020, 16:20 GMT
La acusación contra la exmandataria, actual vicepresidenta del Gobierno de Alberto Fernández, se basaba en un memorándum de entendimiento que su Gobierno firmó en 2013 con el entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad para autorizar interrogatorios de los funcionarios de ese país acusados del atentado sobre los que penden pedidos de captura internacional.
El documento nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el parlamento iraní y fue después declarado inconstitucional por la justicia argentina.