"Carlos Diego de Mesa Gisbert deberá comparecer ante la comisión de fiscales que está a cargo de la dirección funcional de la presente investigación, a fin de que preste su declaración informativa en calidad de testigo", señala una citación oficial divulgada por los medios antes de ser confirmada por la Fiscalía.
La citación a Mesa, anticipada horas antes por la Fiscalía General, pareció conmocionar a la alianza política del expresidente, la neoliberal Comunidad Ciudadana, que se declaró en emergencia y atribuyó la movida judicial a presiones del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
14 de junio 2021, 21:21 GMT
"No existe un respeto a la independencia de poderes, porque a simple instrucción de la cúpula del MAS se activa esta convocatoria. Estamos en estado de emergencia y nos ronunciaremos en defensa de nuestro líder Carlos Mesa", dijo a reporteros la jefa de Comunidad Ciudadana en el Senado, Andrea Barrientos.
La Fiscalía General anunció que citaría a Mesa y a una treintena de políticos, mediadores e incluso obispos de la iglesia católica, señalados por la expresidenta Áñez en una declaración formal de la semana pasada, como participantes en las gestiones que precedieron a su autoproclamación tras la renuncia de Evo Morales (2009-2019).
Tras confirmarse la citación, el ministro de Justicia, Iván Lima, ofreció plenas garantías a Mesa y aseguró que el Gobierno no pretendía que el expresidente sea detenido, dejando en cambio toda decisión en manos de los fiscales.
"Este acto no tiene ninguna finalidad de detenerlo preventivamente ni de generar una situación en contra de su libertad, lo que queremos es que él diga la verdad al pueblo boliviano y que declare como testigo", afirmó Lima en rueda de prensa.
Mesa, derrotado por Morales en las elecciones de 2019, fue uno de los primeros líderes conservadores que convocó a rechazar el cómputo de esos comicios, desatando ataques incendiarios contra varios tribunales electorales y una posterior ola de protestas que logró la caída del líder indígena.
El expresidente ahora citado a la Fiscalía fue luego figura destacada, junto con el también exgobernante Jorge Quiroga, en las negociaciones políticas en medio de la crisis y celebró públicamente la asunción presidencial de Áñez.
La acusación general contra Áñez y sus supuestos cómplices tipifica delitos de terrorismo, sedición, conspiración, incumplimiento de deberes, resolución contraria a la Constitución y prolongación de funciones, según el documento de citación a Mesa.