Los dos países "manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua" de acuerdo a un comunicado emitido en conjunto por sus respectivas Cancillerías.
Los Gobiernos de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador recalcaron su inquietud "por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados".
Ambos países, al igual que Honduras, Bélice y Dominica, se abstuvieron de apoyar la resolución "La Situación en Nicaragua" aprobada por otros 26 Estados miembro en el Consejo Permanente de la OEA.
Por ello, "es perentorio" que el organismo que conduce Luis Almagro "retome el espíritu constructivo de su Carta", expresaron las Cancillerías que dirigen el argentino Felipe Solá y el mexicano Marcelo Ebrard.
Las dos naciones se manifestaron en desacuerdo "con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia".
Argentina y México también discreparon con "la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales", ponderaron.
Disidencia en la OEA
"En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la OEA", recalcaron.
Al reafirmar su respeto a los derechos humanos "desde una concepción integral", México y Argentina se pusieron a disposición para cooperar de una manera constructiva.
"Estamos convencidos de que esta situación será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos", finalizaron.
En contra del texto presentado por la OEA votaron Bolivia, San Vicente y las Granadina, además de Nicaragua.
En Nicaragua fueron detenidos cuatro precandidatos de la oposición a las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre que también son excombatientes disidentes del actual Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por el presidente, Daniel Ortega.
Los arrestos de ciertos líderes de la oposición en Nicaragua responden, según el Gobierno, a una investigación por presunto lavado de dinero y activos que apunta fundamentalmente a la Fundación Violeta Chamorro y a otros medios críticos supuestamente financiados desde el extranjero.
Los acusados consideran que éstas son imputaciones falsas.
El pasado 20 de mayo, la policía allanó las oficinas de "Confidencial", medio dirigido por el hermano de la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, Carlos Chamorro.
Ambos son hijos de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) que derrotó a Daniel Ortega en aquella ocasión.
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el observatorio Human Rights Watch y la Organización de los Estados Americanos han cuestionado este proceso.
Washington impuso incluso sanciones contra funcionarios del Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), que protestó por considerlas una violación a la soberanía de Nicaragua.
Los comicios generales (quinquenales) están convocados para el 7 de noviembre en Nicaragua.