"Ochenta y dos de estas investigaciones se han iniciado por posible abuso de autoridad, 11 están relacionadas con homicidios, 32 tienen que ver con agresiones físicas, 18 con lesiones personales, dos con denuncias de acoso sexual y 25 por otras conductas", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.
Hasta el momento, según el documento, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) tiene a cargo 54 indagaciones preliminares y hay 34 casos a cargo de la Justicia Penal Militar.
"En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, la Inspección General de la Policía Nacional ha venido adelantando las acciones necesarias en aras de mantener la disciplina por parte del personal que integra la Institución, con el propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos", explicó el mayor general Jorge Luis Ramírez, inspector General de la Policía.
Colombia cumplió el lunes 34 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.
Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, al menos 63 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.
31 de mayo 2021, 21:08 GMT
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.
Por su parte, la Fiscalía informó el 24 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 43 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 17 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay siete fallecimientos en proceso de verificación y en 19 "hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones".
Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.