"Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre se estén alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático", dice el escrito.
El documento es el resultado del monitoreo encargado a esa oficina por parte del Consejo de Derechos Humanos en febrero pasado.
"El 4 de mayo la Asamblea Nacional —alineada con el partido de Gobierno— aprobó una reforma electoral que no atiende las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardias para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales", dice al respecto de la sesión en la que el parlamento nicaragüense también eligió a los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Para la Acnudh, la reforma contiene disposiciones que no se ajustan a las normas y estándares de derechos humanos, tales como restricciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, y participación política.
"En el marco de esta reforma, las autoridades han disuelto en las últimas semanas dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas internacionales y sin el debido proceso", añade.
Cristiana Chamorro
El 19 de mayo, las autoridades nicaragüenses anunciaron que habían iniciado una investigación penal contra una de las principales precandidatas presidenciales, Cristiana Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La investigación se basa en la "Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" adoptada en julio de 2018.
"Esta ley, redactada en términos excesivamente amplios, ha suscitado de manera general la preocupación de que pueda ser utilizada para silenciar a las voces disidentes. Las acusaciones contra la Sra. Chamorro incluyen el supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales", dice el informe de Acnudh.
En la última semana, miembros del equipo de 12 medios de comunicación independientes han sido llamados a declarar en el marco del mismo procedimiento penal.
El 20 de mayo, la policía allanó las oficinas de "Confidencial", un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de la señora Chamorro, incautó equipos y detuvo temporalmente a un camarógrafo.
Para el organismo de la ONU, Chamorro corre el riesgo de ser condenada penalmente y de ser inhabilitada como candidata.
Asimismo, recuerda que la Policía Nacional también ha intensificado la restricción arbitraria de los movimientos de otros líderes y lideresas de la oposición.
"Bajo estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y la apertura de investigaciones penales que pudieran conducir a la inhabilitación de candidaturas, sin el debido proceso, no sólo socava los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los y las votantes a elegir a las candidaturas de su elección", afirma Acnudh.
Medios de comunicación
La oficina de la ONU expresa que "el continuo acoso a los medios de comunicación independientes restringe el derecho a la libertad de expresión (en Nicaragua) y socava el derecho de la población a ser informada, algo que es crucial en cualquier democracia y en cualquier momento, pero de especial importancia durante un periodo electoral".
"Instamos a las autoridades a enmendar la legislación electoral a través de un proceso participativo", indica Acnudh, y se pone a disposición para brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses.
Los comicios generales (quinquenales) están convocados para el 7 de noviembre en Nicaragua, pero desde mediados de abril en la Asamblea Nacional (parlamento) comenzó a respirarse el clima electoral.