"La Comisión enfatizó la importancia de realizar la visita de trabajo en la brevedad posible teniendo en cuenta el actual contexto de derechos humanos a partir de las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril", indicó la CIDH en un comunicado emitido en Washington.
El pasado 14 de mayo la CIDH pidió al Gobierno colombiano que permita un ingreso al país de una comisión para evaluar denuncias de abuso policial en el marco de la protesta social.
Sin embargo, el lunes, durante una reunión en Washington con la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido, la vicepresidenta colombiana y canciller delegada, Marta Lucía Ramírez, negó la entrada "en este momento" de una comisión a Colombia ya que, aseguró, "hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar (...) las visitas".
En el marco de ese encuentro la CIDH insistió en la visita, según reveló el organismo este martes, y manifestó "su preocupación sobre la necesidad de contar con un registro confiable y transparente sobre denuncias de violaciones a derechos humanos y la importancia de la participación de la sociedad civil en su elaboración".
En ese contexto el tribunal enfatizó la importancia de realizar una visita de trabajo en el terreno a la mayor brevedad posible y explicó los alcances que tendrá.
"Durante la reunión la canciller colombiana anunció el envío de la información específica solicitada por la CIDH respecto de las protestas y la invitó a realizar la visita de trabajo a Colombia luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación de derechos humanos en Colombia, que se llevará a cabo el próximo 29 de junio, durante el 180 Período de Sesiones de la CIDH", destacó.
25 de mayo 2021, 19:58 GMT
Por último indicó que mantendrá el monitoreo de la situación al tiempo que coordinará con el Gobierno colombiano las fechas y alcance de la visita.
Colombia cumplió este martes 28 días de paro nacional en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles 19 de mayo la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, dijo este mes a esta agencia que la Fiscalía reconoce 15 muertes relacionadas con las protestas, cuatro en las que está involucrada la Policía y 11 que están en investigación.