"Nunca pensé volver a ver la alcaldía quemada, el Concejo quemado. Es un golpe muy fuerte, pero nos toca levantarnos. Nos ratificamos en nuestros principios, en todos esos valores que nos incitaron a hacer política, a transformar y a servir con el corazón", escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.
El mandatario hizo referencia así a ataques de los que fue también objeto la Alcaldía en años anteriores, en el marco del conflicto armado interno.
"Hoy siento un dolor muy profundo en mi corazón. Jamundí ha sido y sigue siendo el bastión de la resistencia de lo moral, de hacer de lo público y de sus recursos sagrados, de construir de la mano de la gente", agregó.
Ramírez señaló que el 14 de mayo, alrededor de las 22.30 hora local (03.30 GMT), un grupo de persona se concentró en el parque principal del municipio, frente al Concejo, para hacer una manifestación, luego de lo cual se acercó "un grupo de agitadores, quienes iniciaron actos violentos contra el edificio" de dicho Concejo.
Los agitadores ingresaron "violentamente" y le prendieron fuero a la construcción para, posteriormente, "hacer la misma acción en las instalaciones del Palacio Municipal", dijo el alcalde en declaraciones publicadas por el diario local El País.
El edificio del Concejo Municipal presenta pérdida parcial, con afectaciones en la recepción y varios cristales rotos, mientras que en la sede de la Alcaldía se reporta pérdida total en las oficinas donde operaban la Secretaría de Hacienda, Juventudes, Comunicaciones y el despacho del alcalde.
Popayán, también afectada
Por su parte, la capital del departamento del Cauca (suroeste), Popayán, también fue objeto de fuertes disturbios en la noche del 14 de mayo que dejaron un estudiante universitario muerto por la explosión de una granada de aturdición disparada por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, así como la destrucción total de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y de Medicina Legal.
Asimismo, se presentaron otros actos vandálicos contra sedes policiales y monumentos de la ciudad, mientras que nueve vehículos y seis motocicletas fueron incinerados.
El 15 de mayo, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que lo ocurrido en Popayán "es un acto terrorista, sistemático y premeditado no solo contra una institución, también un ataque criminal contra la justicia", y aseguró que integrantes de las disidencias de las FARC estarían detrás de los hechos, así como algunos cabecillas de grupos delincuenciales de la ciudad.
Según indicó, en el interior de la URI fueron desaparecidos procesos históricos que se llevaban contra integrantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las antiguas FARC.
"Cinco despachos afectados, allí por supuesto, se desarrollaban investigaciones, relacionadas con investigación de crimen, que había sido desarrollado en este departamento y de organizaciones criminales hace muchos años y que adicionalmente tenía presencia de algunos de los indiciados que tienen responsabilidades de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca", recalcó Molano.
Señaló también que más de 50 armas, entre las que se encuentran quince fusiles, fueron hurtadas.
"Aquí no solo se atentó contra la institucionalidad, sino que había una organización criminal que buscaba destruir una de las instituciones de justicia que estaba detrás de estas organizaciones criminales", explicó Molano.