El Servicio Electoral reveló en su último informe de aportes electorales que, de las 1.278 personas que están postulando para sentarse en uno de los 155 escaños de la próxima Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna del país, 1.040 han recibido algún tipo de aporte monetario.
El monto total de los aportes privados ascendió a 7.976.600 dólares, siendo más de un tercio donaciones realizadas por particulares ligados al mundo empresarial, como dueños de grandes compañías, fundadores de holdings familiares, presidentes de gremios empresariales, entre otros.
Sin embargo, el monto no fue distribuido equitativamente. La brecha más llamativa radicó en algo que irónicamente, esta convención busca acotar: el género.
A pesar de que esta será la primera carta magna del mundo escrita por una asamblea paritaria, y de que las aspirantes mujeres son más que los hombres, ellas recibieron solo un 40% total del dinero, mientras que los hombres acapararon el 60%.
La segunda brecha importante es la locación geográfica. Respondiendo al antiguo y triste lema de "Santiago es Chile", los aportantes a las campañas siguen prefiriendo a los capitalinos por sobre la gente de provincia.
La última brecha es la ideología. Los candidatos con más donaciones militan en en partidos oficialistas, de derecha, liderando el ranking el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli), aunque también es posible encontrar aspirantes del partido Demócrata Cristiano, el sector católico conservador de la oposición.
Mayores aportantes
En 2014, la política chilena cambió radicalmente. El Caso SQM y el Caso Penta, dos de los mayores escándalos de financiamiento ilegal de candidatos, salieron a la luz y demostraron que en casi todos los sectores ideológicos había corrupción. Esto generó varios cambios estructurales.
El más importante fue la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia promulgada por la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) en el año 2016, que prohibió, entre otras cosas, que las empresas aporten dinero a las candidaturas políticas.
Actualmente, una postulación a un cargo popular solo puede ser financiada por personas naturales con nombre y apellido (antes eran secretas), por partidos políticos, o con dinero del patrimonio personal, excluyendo las donaciones desde el extranjero, personas jurídicas o entidades estatales.
Gracias a aquello, hoy es posible conocer la identidad de los empresarios aportantes, analizar sus cálculos y ver dónde están poniendo sus fichas los más ricos del país.
El empresario Felipe Ibáñez es la persona natural que más donaciones hizo para las elecciones. El fundador de Líder, una de las cadenas de supermercados más grande del país, desembolsó más de 62.000 dólares para candidatos oficialistas (de la UDI, del partido Renovación Nacional y de Evópoli) y 17.300 dólares para postulantes del Partido Republicano, de extrema derecha.
Juan Manuel Casanueva, presidente del grupo GTD y Telefónica del Sur y denominado por algunos como el padre de la fibra óptica en Chile, es uno de los principales financistas de los candidatos de la UDI (77.861 dólares).
"Tenemos un deber cívico muy importante. La ciudadanía tiene que entender que la Convención Constitucional es lo más importante para los próximos 50 años", dijo en conferencia de prensa el presidente del gremio empresarial Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, al ser consultado por sus donaciones.
Sutil, cercano al presidente Sebastián Piñera y considerado el principal vocero del gran empresariado, destinó más de 65.000 dólares de su fortuna a financiar campañas de candidatos de derecha y también, algunos aspirantes del partido Demócrata Cristiano.
La lista de grandes aportantes la cierran la familia Solari, dueños de la multitienda Falabella; la familia Del Río Goudie, siete hermanos con inversiones en inmobiliarias, agricultura, automotora y hasta fútbol; la familia Matte, una de las más ricas del país (banca, comunicaciones y forestales) y la familia Von Appen (alimentos, puertos y transporte).
Independencia
Verónica Guzmán es geógrafa, feminista, hija de profesores y mapuche. Es candidata a la Convención Constituyente en Santiago, no milita ni tiene el apoyo de ningún partido político, así que, como muchos independientes, debió levantar su candidatura a pulso.
"Los aportes que he recibido son de amigos, cercanos y mis lucas (dinero) propias. No tengo aportes de empresarios. Por suerte, la mayoría de mis amigos me ayudan sin cobrarme nada. Me hacen gráficas gratuitas y me editan los videos de campaña", contó Guzmán a Sputnik. "De hecho, el pendón grande con mi nombre lo imprimí con plata de mi bolsillo", señaló.
Guzmán es apoyada por La Lista del Pueblo, una organización social que nació tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 y que levantó varias candidaturas independientes para la asamblea.
La candidata señaló que los aportes privados de empresarios millonarios son una gran desventaja al momento de postular. "En la calle, mientras repartimos nuestros flayers podemos ver como pasan caravanas de vehículos con música, haciendo campaña, un servicio que nunca podremos costear", dijo.
"Los candidatos con dinero contratan personas para que flameen durante horas una bandera, sin tener idea de las propuestas del candidato que promueven. Hemos visto instalación de letreros led y propaganda en los medios. Todas estas cosas para nosotros son imposibles", afirmó.
Además, sostuvo que la herramienta de financiamiento privado hace imposible garantizar la independencia de un candidato. "Los empresarios, en el fondo, están comprando a los candidatos para que instalen sus ideas en la nueva constitución. Todos sus recursos están destinados a financiar a la elite, porque están asustados de lo que puede pasar si el pueblo escribe la nueva carta magna", cerró.
El sábado 15 y el domingo 16 de mayo los chilenos votarán por alcaldes, concejales y por primera vez en la historia, por gobernadores regionales (un cargo que antes no existía) y por convencionales constituyentes.
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