El fin del estado de alarma ha provocado un caos interterritorial que está obligando a cada comunidad autónoma a tomar decisiones en torno a las restricciones de movilidad de sus ciudadanos.
Desde el 9 de mayo se elimina a nivel nacional la obligación de estar en casa a una hora determinada de la noche, se da libertad para modificar los horarios de apertura de la hostelería y desaparecen las restricciones perimetrales entre provincias y las diferentes regiones. Pero lo que parecía una demanda de muchos gobiernos autonómicos durante meses de críticas hacia el Gobierno central, ahora no parece una buena solución porque les obliga a tomar decisiones que hasta hace muy poco tomaban otros.
La diversidad de opiniones es la tónica, pero ¿ha hecho bien el Gobierno de Pedro Sánchez en terminar con el estado de alarma o debería haber esperado a que la pandemia termine?
El Gobierno entre la espada y la pared
Para curarse en salud, el Gobierno recuerda a los presidentes autonómicos que pueden pedir decretos de alarma solo para sus territorios y que si necesitan mantener vigentes algunas medidas restrictivas pueden solicitarlo a sus respectivos tribunales superiores de justicia.
Pero esta medida, más que ayudar, está alimentando el desorden. La diferencia de criterio está provocando que unas comunidades autónomas mantengan, por ejemplo, el toque de queda y otras no; o que la limitación de movilidad a ciertas horas o los cierres perimetrales se estén convirtiendo en el principal escollo de los jueces a la hora de tomar decisiones.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sostiene en una carta firmada en el diario El País, que "este procedimiento, por el que algunos hoy están criticando al Gobierno, se incorporó a nuestra ley de la jurisdicción contencioso-administrativa en el 2000, durante el Gobierno de Aznar, es decir, ha estado vigente durante más de dos décadas".
El ministro defiende que la decisión tomada por el Ejecutivo de terminar con el estado de alarma es una "buena noticia" y que, aunque eso "no significa el fin de las restricciones" porque "la amenaza del virus persiste", "nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes adecuados a la fase de la pandemia en la que nos encontramos y menos lesivos para los derechos fundamentales. Esa normalidad pasa porque las autoridades vuelvan a ejercer, fuera ya del estado de alarma, sus competencias de salud pública".
Además, el Gobierno ha anunciado que tomará las medidas legales necesarias para reformar la legislación si el Supremo veta los decretos de las autonomías para mantener las restricciones.
El fin del estado de alarma se ha convertido por tanto en un escollo profundo con lanzamiento de balones fuera entre las diferentes administraciones, la justicia y la sociedad. No ayudan las imágenes que se han viralizado durante el fin de semana con cientos de personas en varias ciudades españolas celebrando en la calle, sin mascarillas y sin mantener la distancia de seguridad, el fin del estado de alarma y la posibilidad de poder permanecer fuera de sus domicilios hasta la hora que quieran.
Fiesta, botellón y gritos celebrando "la libertad".
10 de mayo 2021, 10:46 GMT
¿Podría haberse evitado prolongando el decreto del estado de alarma teniendo en cuenta que la pandemia no ha terminado y que la incidencia sigue siendo elevada en muchos territorios?
Hablan los expertos sobre las alternativas
Para el analista político y licenciado en derecho, Juan García Molla, el Gobierno, aunque ha actuado con "coherencia democrática, se ha precipitado", sostiene en conversación con Sputnik.
"La política del Gobierno ha quedado muy maltrecha después de las elecciones en Madrid, donde se ha visto que la mayoría de la población ha votado a favor de abrir los bares y discotecas", explica.
García Molla cree que algunos gobiernos autonómicos están teniendo posturas incoherentes respecto a esta decisión, y en concreto, señala al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que durante meses criticó duramente las medidas de excepcionalidad impuestas por el Ejecutivo, y ahora, una vez, eliminadas, reclama una mayor autoridad.
"Es muy cómodo estar en el papel de poli bueno como estaba el Gobierno del PP en Madrid”, señala el analista. "Yo creo que el Gobierno central debería haber hecho diferentes deberes durante el último año. El primero de ellos, haber avanzado en la fabricación de una vacuna propia para acelerar el proceso de inmunización; y el segundo, crear una ley orgánica de sanidad adecuada para estos tiempos. El estado de alarma no está previsto para esto. Es necesaria una ley específica que termine con esta locura de que cada comunidad autónoma pueda tomar una decisión diferente sobre qué hacer a partir de ahora. Es un disparate que tres jueces puedan tomar las decisiones".
En la misma línea, sobre la necesidad urgente de tener una legislación más uniforme para este momento sanitario opina el politólogo y codirector de Cámara Cívica, Manuel Rodríguez, en entrevista con esta agencia.
"No ha sido una decisión que tranquilice a la gente ni que aporte claridad", sostiene. "Trasladar la responsabilidad a las CCAA va a generar más incertidumbre en la ciudadanía que ya está bastante quemada. Está muy bien que digan que cada territorio es un mundo, pero esto no ayuda nada a superar la fatiga pandémica".
Rodríguez cree que la medida del estado de alarma "estaba funcionando, pero no hay que olvidar que es una medida excepcional que está en la Constitución para situaciones muy graves".
A su juicio, continuar prolongándola tendría un coste político importante para el Gobierno de Pedro Sánchez, y de ahí que el Ejecutivo haya decidido no prolongarla más; algo que seguro aprovechará la oposición en su beneficio.
"La oposición no está siendo constructiva y utilizará cualquier movimiento político para desgastar al Gobierno, sobre todo después de las elecciones en Madrid donde el PP ha quedado envalentonado, y de los movimientos políticos que estamos viendo en Andalucía", concluye.