"Es una forma de dar señales al presidente de la República de que tendrá un escudero fiel en el Gobierno de Río de Janeiro, es una señal de fidelidad a la necropolítica de Bolsonaro", afirmó Souza, que recordó que la operación se produjo un día después de una reunión entre ambos.
El Gobierno de Río de Janeiro es quien tiene las competencias sobre la Policía Civil, que el jueves 6 realizó la operación en la favela de Jacarezinho en la que murieron 24 sospechosos y un policía.
El gobernador de Río, del ultraconservador Partido Social Cristiano (PSC), accedió al cargo tras el juicio político su antecesor, Wilson Witzel, y busca ser candidato a la reelección en los comicios de 2022.
"Castro está cimentando el camino para ser el candidato del presidente en 2022", resumió Souza.
En ese sentido, indicó que la lógica de guerra en la seguridad pública y la mano dura contra los delincuentes es una de las banderas que llevó a Bolsonaro a la presidencia, y que sus seguidores aplauden las operaciones policiales como la de este 6 de mayo.
Credenciales
Souza afirmó que Castro también presentó sus credenciales a Bolsonaro cuando la semana pasada se saltó lo dictaminado por la Asamblea Legislativa de Río (ALERJ) y autorizó la privatización de la compañía pública de aguas, un objetivo prioritario para el Gobierno federal.
La diputada, que en el pasado presidió la Comisión de Derechos Humanos de la ALERJ y siempre fue muy crítica con los abusos policiales, lamentó que se haya "institucionalizado la barbarie".
"La Policía está decidiendo quién puede vivir y quién debe morir. En Brasil no tenemos pena de muerte, pero se aplica cotidianamente en las favelas y periferias, es escandaloso", criticó.
Souza cree que la política de seguridad aplicada en Brasil históricamente ha "deshumanizado" a las personas que viven en las favelas y expresó sus dudas de que la policía supiera a ciencia cierta si las 24 víctimas mortales tenían conexión con algún tipo de delito.
Además, recalcó que hay que aclarar las circunstancias de las muertes y lo que sucedió después, porque los cadáveres fueron retirados impidiendo la realización de la pericia protocolaria.
De los 24 sospechosos asesinados por la policía en Jacarezinho, solo tres constaban en los mandatos judiciales que autorizaron la operación, tal como explicaron los propios agentes en rueda de prensa.