"¿El gobernador Claudio Castro no tiene nada que decir sobre la matanza de Jacarezinho?", se preguntó en Twitter la organización, recordando que el año pasado el Tribunal Supremo Federal realizó una serie de recomendaciones sobre operaciones policiales durante la pandemia "y el gobierno de Río las ignora todas".
"¿El gobernador pretende mantener esta política que viola sistemáticamente los derechos humanos de los vecinos de las favelas?", inquirió la ONG, responsabilizando directamente al gobernador del estado de Río.
El Gobierno de Río de Janeiro es la administración que tiene las competencias sobre la Policía Civil, que realizó una operación contra el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho a pesar de que el año pasado el Tribunal Supremo determinó la suspensión de estas operaciones durante la pandemia, limitándolas a casos de extrema necesidad.
Amnistía Internacional remarcó que el Estado está "violando los Derechos Humanos" y que el crimen no se combate con más violencia: "No hay una salida que funcione así", lamentó.
La organización recordó que esta es la mayor matanza de la historia de Río de Janeiro; hasta ahora el mayor número de muertos se produjo en la favela de Vigário Geral en 1993, cuando un grupo de exterminio mató a 21 personas.