La cercanía del presidente Andrés Manuel López Obrador con el exmandatario estadounidense Donald Trump, quienes solían intercambiar elogios, permitió poner en marcha el nuevo tratado de Norteamérica, rebautizado simplemente T-MEC, sin alusiones al libre comercio.
El entusiasmo del líder mexicano llegó al grado de visitar Washington en el único viaje al extranjero en casi dos años y medio de mandato para el lanzamiento del nuevo pacto en julio del año pasado.
Así fue reemplazado el tratado que estuvo vigente 26 años, renegociado por iniciativa de Trump, que lo consideraba "el peor acuerdo en la historia" estadounidense.
Entre presiones proteccionistas e incluso amenazas de imponer elevados aranceles unilaterales, la intención era repatriar inversiones a EEUU.
29 de abril 2021, 00:25 GMT
Pero el triunfo de Biden cambió la agenda, y a la par de la eliminación progresiva de una política migratoria xenófoba y racista, la Casa Blanca comenzó a escuchar las quejas de sus empresarios, exigiendo protección de sus inversiones, en particular en el sector energético mexicano.
Con un discurso nacionalista, López Obrador comenzó a desmantelar una reforma que puso fin en 2013 a ocho décadas de monopolio estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En respuesta, las cámaras de comercio de EEUU comenzaron a alegar posibles violaciones a las leyes de competencia económica en el país vecino, con el intercambiaron 1.500 millones de dólares cada día de 2020.
Focos rojos
Las alarmas se encendieron ante una reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, que da prioridad a la estatal Comisión Federal de Electricidad en el acceso a las redes mexicanas de transmisión, relegando a los generadores extranjeros y privados de energía solar y eólica.
La Cámara de Comercio de EEUU (AmCham) denunció que "la ley de reforma eléctrica presentada en el Congreso de México es profundamente preocupante".
Neil Herrington, vicepresidente para las Américas de la Cámara, emitió un pronunciamiento expresando el temor de que los drásticos cambios abran la puerta para el restablecimiento de un monopolio eléctrico. "Creemos que contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del T-MEC", aseguró Herrington.
Impulsados por López Obrador los diputados oficialistas no solo aprobaron las nuevas leyes de la industria eléctrica entre proclamas soberanistas, sino que comenzaron a desmontar la reforma energética, comenzando en el mercado interno de combustibles.
Para evitar costosos litigios, dejaron pendiendo de un hilo los capítulos que permitieron al Estado mexicano firmar 110 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos con las grandes petroleras de todo el mundo, entre 2015 y 2017.
El asunto fue vinculado al combate al cambio climático que está de regreso con Biden, quien reinsertó a EEUU en el Acuerdo de París como primer decisión simbólica internacional.
Según la influyente AmCham, las contrarreformas energéticas no solo aumentarían el costo de la electricidad, sino que limitarían el acceso a energía limpia para los consumidores mexicanos.
"Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México", expresó Harrington.
En cambio, el Gobierno se enfoca en relanzar su producción y refinación de crudo para rescatar de la quiebra a Pemex, la petrolera más endeudada de mundo, con más de 100.000 dólares de pasivos.
Cuesta arriba
A medida que México emerge de su peor contracción económica desde la Gran Depresión de 1932, con un derrumbe de 8,2% en 2020, los inversionistas estadounidenses y europeos señalan la urgencia de proteger sus empresas, empleos y crecimiento.
Un análisis del Laboratorio de Análisis en Comercio Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Nacional Autónoma de México al que tuvo acceso Sputnik indica que el país latinoamericano se beneficiará de "la recuperación económica de EEUU a través de su proceso de vacunación y los estímulos fiscales por 1,9 billones de dólares, además del fortalecimiento comercial entre ambas naciones por medio del T-MEC".
Los académicos pronostican que "en 2023 la economía mexicana tendrá una fuerte caída", y para impulsar un modesto crecimiento arriba de 2% ese año "será necesario que en 2022 se realice una reforma fiscal que permita un desarrollo territorial con crecimiento sostenible, incluyente y equitativo"; pero López Obrador rechaza crear nuevos impuestos.
"Antes se debe fortalecer la productividad del país que impulse la competitividad empresarial", dice el organismo que dirige el doctor Ignacio Martinez Cortés, que compartió el análisis con Sputnik.
En sentido contrario, la economía tendrá un crecimiento en forma de letra K, "prevaleciendo el crecimiento del sector exportador impulsado por el T-MEC, pero con caída del ingreso laboral, desigualdad y pobreza", pronostica el centro de estudios de la UNAM.