El juez del Supremo Marco Aurélio determinó al Gobierno y al estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) la "adopción de medidas dirigidas a la realización del censo demográfico de 2021", según un comunicado publicado por la corte.
El Gobierno de Maranhão había alegado que sin los datos sobre la población podrían perderse recursos y habría grandes dificultades para llevar a cabo políticas públicas.
La última vez que se censó a la población brasileña fue en 2010; el censo de este año debería haberse realizado en 2020, pero se aplazó por la pandemia.
Estaba previsto contratar a 200.000 personas para pasar por todas las casas de los 5.570 municipios de Brasil y recopilar el máximo de datos sobre sus habitantes, pero el IBGE se vio obligado a cancelar el censo debido a recortes presupuestarios.